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Fraude electoral: nada de nervios

De tal suerte que, quien haga fraude pague ante los jueces u órganos de control competentes, con pruebas de responsabilidad aducidas a un proceso, no ante medios y redes sociales, donde son condenados o absueltos anticipadamente.

Sin duda, las voces de fraude electoral hacen parte de una estrategia sucia de la actual campaña por deslegitimar las instituciones y resultados, previsibles: 1.- Petro imbatible; 2.- Fico ganador; y/o, 3.- Hernández el “palo”. 

Cualquiera de estos 3 resultados será considerado fraudulento como estrategia abyecta de una democracia agonizante, en la cual, su principal protagonista, el ciudadano, se caracteriza por su bajo nivel de cultura política, presa de las “hienas del erario”, fácilmente manipulable en sus emociones.

¿Por qué si va a sucederse un fraude electoral cantado, instituciones, órganos de control, candidatos, movimientos y partidos políticos, no salen a detenerlo con tanto poder en juego, entre otras medidas posibles, nombrando un testigo en cada mesa?

La respuesta es obvia, a todos los actores políticos, de alguna manera, les conviene la mentira del fraude electoral. Aunque tiene derecho cada campaña a 110 mil testigos electorales uno por mesa en todo el país no los designa.
Ellos conocen que no es verdad tal fraude electoral porque se trata de una estrategia y/o acuerdo tácito, entre todos, para confundir y sacar réditos políticos dependiendo de los resultados. 

Fraude es el entrampamiento a incautos ciudadanos electores defecados del miedo, puestos a mansalva, entre el cambio o la continuidad, promoviendo irresponsablemente el odio y una posible guerra civil más que un fraude electoral. 

El verdadero fraude es la corrupción, constreñimiento al sufragante y financiación ilícita de campaña del que se calla cómplicemente.

El target de la estrategia del supuesto fraude electoral en todas las campañas presidenciales históricamente ha sido dispararle a la Registraduría, entidad que no vota, no escruta y no declara la elección de nadie, su función es logística.

La dirección del proceso electoral presidencial en Colombia es responsabilidad absoluta de la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías, presidida por el Presidente de la República; Mininterior, (Secretario Técnico); Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la República; Movimientos Significativos de Ciudadanos; Movimientos y Partidos Políticos; Fuerza Pública, Fiscalía y, Registraduría, operador logístico del proceso. En ese contexto todos son responsables por acción, omisión o extralimitación de sus funciones, disciplinaria y penalmente.

Los sistemas informáticos, que tanto se utilizan para sustentar un fraude electoral inexistente, son auditados previa, durante y en sus resultados, por auditores: internos (órganos de control y partidos), externos e internacionales, lo que permite responsabilizar por eventuales conductas ilícitas o disciplinables, que, por supuesto las puede haber, a cualquier actor del proceso. 

De tal suerte que, quien haga fraude pague ante los jueces u órganos de control competentes, con pruebas de responsabilidad aducidas a un proceso, no ante medios y redes sociales, donde son condenados o absueltos anticipadamente.

¡A votar consciente, informada y libremente sin nada de nervios! 

@orlandocaba

 

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