La pandemia ocasionada por el COVID 19 ha puesto a prueba todos los gobiernos del planeta. Medidas que van pendularmente del aislamiento preventivo obligatorio hasta el denominado aislamiento “inteligente”, consecuencialmente permeadas por la preocupación de una recesión económica, nunca antes vivida en la humanidad, constituyen parte de la política pública de los estados del mundo.

La experiencia vivida en China, Italia, España y últimamente en Estados Unidos, indican claramente lo efectivo de la política de aislamiento preventivo total obligatorio, para la contención del contagio masivo.

El distanciamiento social, uso del tapaboca y protocolos para estornudar y toser, hacen parte de la política pública implementada con resultados positivos directa y proporcionalmente relacionados con su cumplimiento.

Es claro que esta política pública, tienen por objeto: 1.- Disminuir la velocidad de propagación del virus. 2.- Adquirir pruebas diagnósticas para aplicar a la mayor parte de la población. Y, 3.- Fortalecer la precaria e insuficiente infraestructura hospitalaria, entre otros objetivos.

De otro lado, la política de aislamiento “inteligente” devuelve paulatinamente las libertades de circulación de la población, bajo parámetros de autorregulación, de prohibición de actividades que conlleven aglomeración de personas, teniendo en cuenta especialmente los sectores más vulnerables y viabiliza la reactivación económica.

En consecuencia, los países del mundo frente a la pandemia, deben decidir entre salvar la economía de su inevitable crisis, producida por el COVID 19 o salvar vidas humanas. La letalidad de la infección y el déficit de camas per cápita en unidades de cuidados críticos, las cuales han sido insuficientes, aún en los estados desarrollados o del primer mundo, hace necesario optar por una política para la prevalencia de la vida.

Colombia, así nos disguste el término, es un país del tercer mundo que no escapa a la disyuntiva planteada universalmente, “Vida vs Economía”. Nuestra economía más o menos estable se ve afectada en todos sus renglones. Sin embargo, son contundentes las cifras presentadas por los expertos, que diagnostican el mes de mayo como época del pico más alto de la curva de contagio.

Se estima que las hospitalizaciones llegaran a 279.096 contagiados, 202.595 atendidos en piso general y 76.501 en UCI, número de pacientes quienes según el Ministerio de Salud, desbordarían la precaria capacidad instalada, pese al esfuerzo por alcanzar en el pico de la curva, las 9.826 camas de Unidad Crítico, de las 3.500 en servicio en estos momentos.

Más grave aún es el hecho reseñado por la Asociación de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos Colombiana, respecto a que el 80% de las camas de UCI ya están ocupadas, menos del 10% tiene infraestructura biosegura y menos del 2% cuentan con presión negativa, condiciones mínimas de aislamiento para el tratamiento de las patologías más delicadas.

Otro dato aterrador es que Colombia siquiera tiene 2 camas de cuidados intensivos para adulto por cada 10.000 habitantes. En la actualidad se han practicado alrededor de 1.079 pruebas por cada millón de habitantes, cifra que contrasta con 5.255 test practicadas por millón de chilenos, solo comparándonos con un país más o menos similar al nuestro, lo que demuestra que aún estamos en pañales para enfrentar el pico anunciado para mayo, dicho de otra manera, no estamos preparados para levantar el aislamiento total obligatorio.

Frente al anuncio del gobierno nacional de adoptar un aislamiento “inteligente” a partir del 28 de los corrientes, con el objeto de reactivar paulatinamente la economía, nos corresponde la desobediencia civil, motivarnos a gritar con fuerza: ¡AL CARAJO LA ECONOMIA! “PRIMERO LA VIDA”, vamos a quedarnos en casa.

El gobierno debe financiar verdaderamente a los más pobres durante la cuarentena, no seguir dando subsidios a los grandes conglomerados industriales, comerciales, la banca y ridículamente seguir tirando migajas a los más necesitados.