La región Caribe es una de las zonas más importantes del país para el desarrollo del sector minero energético por su riqueza geológica y ubicación estratégica que la han convertido en un importante polo de atracción de proyectos más importantes en Colombia de carbón y níquel. Durante la última década este sector ha representado alrededor del 8% del PIB de la región, alcanzando incluso niveles de un poco más del 10% en los años 2011 y 2012 como resultado de la bonanza petrolera que experimentó el país como consecuencia de los altos precios de los commodities.
La Guajira y el Cesar son los departamentos del Caribe en donde casi el 40% de su PIB corresponde a las actividades realizadas por este sector; es decir, que de cada 100 pesos que producen estas economías 40 están dependiendo del sector minero energético. Durante el 2021, este sector creció un 12.4% en la región antecedido por una caída del 9.6% en 2020, logrando así superar los montos de producción antes de la pandemia del Covid-19. Para el mismo año, sus exportaciones representaron un poco más del 48% de la región Caribe. Sin embargo, este sector no ha sido importante solo para la región, si no, también para el país. El 9% del PIB nacional proviene de las actividades de minería, hidrocarburo y energía eléctrica; además contribuye con el 2.7% del empleo nacional y representa entre el 12 y 15 por de los ingresos corrientes de la nación. Adicionalmente, el sector extractivo constituye cerca de un tercio de los presupuestos de inversión de las alcaldías y gobernaciones a través del sistema general de regalías.
Actualmente muchos países del mundo para poder cumplir con el Acuerdo de París han recurrido a la búsqueda de fuentes de energía renovables y al abandono del combustible fósil, y Colombia, no ha sido la excepción. La reciente reforma tributaria incluye una serie de medidas destinadas al sector minero energético esperando que más de la mitad del recaudo se obtenga del aumento de su carga tributaria frente a otros sectores económicos. Lo anterior, generaría repercusiones en la producción de carbón y en la generación de empleo para la Guajira, Cesar y la región Caribe, que tiene el 22% de la población del país y concentra a un tercio de los pobres de Colombia. Además del deterioro de las finanzas públicas de estos departamentos por el menor recaudo como resultados en los cambios propuestos en facturación de estas empresas.
Las bondades de la sustitución de energías fósiles hacia unas más limpias están claras, lo importante es determinar la mejor manera de realizarse sin tener grandes afectaciones en regiones y departamentos que necesitan los recursos que genera este sector. La diversificación del aparato productivo debe ser un proceso gradual el cual tomará mucho tiempo. Ojalá, en la búsqueda de soluciones al mayor recaudo del gobierno central y a la diversificación productiva se pueda tener en cuenta los resultados de diferentes estudios económicos que se han realizado en el país y que sugieren una hoja de ruta para la transición, pero también, aprender de las buenas prácticas de países como Costa Rica quienes han iniciado la implementación responsable y organizada de su Plan Nacional de Descarbonización el cual espera genera a la economía $41.000 millones en beneficios netos entre 2020 y 2050.
*Directora de Fundesarrollo
