La ambiciosa meta que se ha propuesto el actual Gobierno Nacional de incrementar a 500.000 los nuevos estudiantes matriculados en educación superior, enfrenta un desafío presupuestal estructural que debe ser sorteado con prontitud y agilidad por el nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Darle cumplimiento a tal objetivo pasa necesariamente por fortalecer la base presupuestal de las 64 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, las cuales han manifestado en reiteradas ocasiones el panorama deficitario que encaran, y que hoy ya se acerca, según ellas, a los 15 billones de pesos.

Dicho déficit se explica, en gran parte, por la normatividad vigente, pues desde 1993 –cuando entró en plena vigencia la Ley 30 de 1992– las transferencias que han recibido anualmente las IES públicas desde la Nación solo se han incrementado lo correspondiente a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), generándose un hueco fiscal que ha obligado a las instituciones a subsanar por sí mismas los recursos faltantes para su correcto funcionamiento académico y administrativo.

Esta circunstancia, sin embargo, se contrapone al comportamiento de las matrículas de las IES públicas, el cual viene registrando importantes incrementos año a año. Por ejemplo, para el primer semestre del 2021, el Ministerio de Educación reportó cerca de 881 mil estudiantes, lo que supone un aumento de más de 101 mil con relación al reporte del 2020 y de más de 95 mil frente al 2019.

En otras palabras: no hay duda que el aumento presupuestal anual de estas entidades es muy inferior a los gastos e inversiones que deben asumir para reportar sus buenos resultados.

Y si a todo esto le sumamos, de otra parte, la disminución y el estancamiento que las matrículas en las instituciones privadas vienen evidenciando en todo el país, el panorama no es muy alentador.

El reto, como puede observarse, es inmenso. Para el 2021, Colombia mostró una tasa de cobertura en educación superior de 53,9%, presentando un incremento de 2,36 puntos porcentuales con relación al 2020, dato que lo ubica, sin embargo, muy por debajo del promedio de las economías de la OCDE, que están en el 75,1%.

En el Caribe colombiano, por su parte, y de acuerdo a un reciente estudio del Observatorio de Educación del Caribe de la Universidad del Norte, los siete departamentos de la región –sin contar San Andrés y Providencia– se encuentran por debajo de la media nacional respecto a cobertura en educación superior, la cual fue de 52,2% para el 2021. Asimismo, entre los años 2020 y 2021 no hubo ningún incremento significativo al respecto, registrándose una variación mínima de 0,54% matrículas. 

Pero incluso, para ir más allá, al analizar solo las cifras de la Universidad del Atlántico, la universidad pública más grande del departamento mejor posicionado del Caribe en tasa de cobertura para el 2021 (51,7%), se observa que desde el 2016 esta institución educativa viene presentando una amplia brecha en el número de inscritos y el número de admitidos. Esto responde, entre otras, al desfase que existe en la demanda estudiantil y en la capacidad institucional, muy a pesar de los grandes esfuerzos que se vienen realizando en la ampliación de la planta física, como lo son las nuevas sedes de Suan y la que se está construyendo en Sabanalarga.

Así las cosas, y tras 30 años desde su expedición, modificar integralmente la Ley 30 de 1992, y en particular sus artículos 86 y 87 para reestructurar el esquema de financiamiento de la oferta pública en educación superior, requiere un compromiso decidido por parte del Gobierno Nacional. El ministro Gaviria debe apretar el acelerador de la reforma pues para el otro año, cuando dijo que la presentaría, ya se habrá cursado un desgaste natural por cuenta de la reforma tributaria, razón por la cual es imperativo que desde ya se empiece la socialización y el agendamiento en la opinión pública de los aspectos que fundamentarán dicha norma.

@marthavillalbah