No es fácil compaginar el desarrollo urbano con la conservación ambiental. Aunque los impactos serán directamente proporcionales a la escala, cualquier actuación humana sobre el suelo supondrá su aprovechamiento y alteración, desde el campesino que desbasta un bosque para labrarlo, hasta el minero que lo socava. En ese sentido nuestra huella es, en la gran mayoría de las veces, imborrable.

Los procesos de urbanización constituyen una de las transformaciones más fuertes que puede sufrir un terreno, dado que suelen ser irreversibles y arrasadoras.

Una exploración de la historia de cualquier ciudad revelará que donde hoy se encuentran avenidas y edificios ayer había bosques, lagos, ríos, praderas, la suma de componentes que configuran la tierra virgen. Hasta hace poco se entendía que la lucha por la supervivencia era la lucha del hombre contra la naturaleza y sus elementos, hoy hemos comprendido que esa línea de pensamiento es insostenible. A pesar de todo, seguimos lejos del equilibrio necesario. El caso del proyecto Ciudad Mallorquín, al noroccidente de Barranquilla, pero en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, ilustra muy bien ese dilema.

Por un lado, el bosque seco tropical: es indiscutible que ese ecosistema es escaso, valioso y merece su conservación. Por otro lado, los intereses de los dueños de esos terrenos: quienes tienen todo el derecho y la libertad de explotarlos para su beneficio. La ciudadanía ha expresado cierto descontento con ese desarrollo, quizá demasiado tarde y sin mayor apoyo por parte de los grupos de interés más representativos. Los urbanizadores han cumplido con todos los requisitos necesarios, se han acogido a las leyes, las normas y a los procesos. Por eso han planteado una serie de parques y zonas verdes que no reemplazarán de ninguna manera al bosque destruido, pero que algún solaz permite.

Salvo pocas excepciones, nunca he sido partidario de clasificar los hechos en términos absolutos, entendiendo que la polarización puede enturbiar el juicio más allá de lo recomendable. Si bien es relativamente fácil atacar la iniciativa de Ciudad Mallorquín, también es sano encontrar sus beneficios y reconocerlos. Uno de ellos es claro. La consolidación del proyecto supondrá un significativo incremento del impuesto predial para Puerto Colombia, cercano al doble del recaudo actual.

Con esos recursos será posible adelantar proyectos que podrían mitigar, prevenir o compensar futuros impactos. Dependerá de los gobernantes de ese municipio hacer el mejor uso de ese incremento, y será tarea del ciudadano exigirlo.

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