Resulta paradójico leer las declaraciones del presidente sobre el paro y las protestas de los camioneros, al manifestar hace un par de días por su red social favorita que “el país no se dejará bloquear”. Por su parte, el ministro del Interior pedía levantar los bloqueos expresando que “para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones vamos a solicitar que no se afecte el derecho a la movilidad”, complementando lo dicho con una categórica afirmación: “tenemos que rechazar las vías de hecho”. Esa es, desde luego, la posición que se espera de cualquier gobierno comprometido con sus funciones fundamentales.

Sin embargo, resalto la paradoja porque esas declaraciones se parecen mucho a las que profirió el presidente anterior (rival político del actual), en medio de las protestas del 2021, quien argumentaba que: “El país no puede estar bloqueado (…) lo que no se puede permitir son las lamentables vías de hecho”. Frases casi calcadas, que resumen la complejidad que reviste el ejercicio de gobernar.

Eso era previsible. Cuando se está en la oposición, es fácil calentar la olla de la protesta social a conveniencia, acumulando presión hasta que esté a punto de explotar. Al fin y al cabo, el problema es de otros. Pero al tomar las riendas del poder, esa misma olla se convierte en una responsabilidad, y el gobierno descubre que tiene que controlar la presión de manera decidida para evitar la quemazón. Entonces, las posiciones beligerantes y en ocasiones imprudentes que se adoptaron durante su temporada opositora, ahora les resultan incómodas o contradictorias al gobernar.

El paso de la oposición al gobierno es, en muchos sentidos, un tránsito hacia el otro lado de la barrera. La referencia taurina expresa la diferencia que supone opinar desde la seguridad del asiento, lejos y a salvo del toro, frente a lo que significa lidiar con el animal en la arena. Desde ahí, desde la arena, la perspectiva cambia, y es posible que lo que antes se veía como un acto de justicia social que se apoyaba y avivaba abiertamente (interferir con el desarrollo de las actividades económicas, impedir la libre circulación de los ciudadanos, afectar la propiedad privada, entre otros), ahora se comprenda como una amenaza al orden que se debe mantener, un peligro para el capital político y que incluso se pueda catalogar como ilegítimo.

El gobierno encara una disyuntiva con la que no está familiarizado: en lugar de alimentar el fuego, tiene el deber de apaciguarlo. Ojalá los asista la razón, la olla a presión empieza a calentarse y eso no es bueno para nadie.

moreno.slagter@yahoo.com