A pesar de los justificados reclamos y de lo inoportuno de la medida, el gobierno nacional está decidido a seguir adelante con su plan de cobrar una contribución por valorización a los propietarios de los predios aledaños a los proyectos de vías 4G. Para probar la idea (una posición que no se entiende mucho), ha decidido iniciar con un piloto en el Caribe, justamente una de las regiones más pobres del país. Para tal efecto ha escogido el área de influencia de la circunvalar de la prosperidad y de la inconclusa vía al mar que une a Cartagena con Barranquilla. Así lo dejó claro la ministra de transporte hace unos días, mediante unas declaraciones consignadas en este diario.
El cobro de valorización es una figura que existe en nuestra normativa. En principio tiene algo de sentido, dado que esencialmente pretende que el estado pueda sacar provecho por el aumento del valor de los predios privados que se benefician por una obra pública. Lo que se pasa por alto es que el estado ya logra una buena tajada de ese beneficio, lo que hace que la contribución sea, en cierta medida, redundante.
El dueño de un predio en Colombia tiene que pagar varios impuestos. El más notorio es el impuesto predial, que se cobra anualmente y puede ser alrededor del 1% del avalúo catastral. Si se lleva a cabo una actualización correcta de los avalúos catastrales, con ese impuesto se deberían compensar paulatinamente los incrementos en el valor del predio que ha sido beneficiado por una obra pública. Tal gravamen ya está previsto, por lo que, en lugar de inventarse más cargas al contribuyente, podría implementarse un piloto que fortalezca los sistemas que permiten recaudarlo en las jurisdicciones correspondientes.
Por otro lado, si efectivamente hay una valorización predial, ésta se hace más evidente en el momento de la venta del inmueble. En ese caso también hay varios impuestos que ya tienen efecto y que son directamente proporcionales al valor de la venta: el impuesto de renta por ganancia ocasional, la retención en la fuente, el impuesto de registro e incluso los gastos notariales.
Diversos actores han anunciado que acudirán a las instancias legales para impedir o al menos dilatar esa imprudencia. Camacol, mediante una demanda de nulidad, y el senador Carlos Meisel, interponiendo una acción popular, ya han adelantado sus iniciativas. Bienvenidos esos necesarios esfuerzos, que sin duda son una consecuencia de la notable desconexión que existe entre quienes toman ese tipo de decisiones y los ciudadanos, que somos quienes las sufrimos y las pagamos. Ojalá que sea posible frenar ese despropósito.
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