Por si acaso, no se trata de criticar a este Gobierno, que no tuvo nada que ver con el origen de la medida. Según he entendido la iniciativa nace desde la administración anterior, solo que apenas hasta ahora entra en rigor, superados los plazos y los vericuetos legales que siempre se interponen. Lo cierto es que desde hace unos meses en Colombia no se puede conseguir buena mostaza, una escasez increíble e incomprensible para muchos, demostrando una vez más que las buenas ideas a veces no lo son, y que por imponerlas a rajatabla puede caerse con facilidad en el ámbito de lo absurdo.

El asunto es el siguiente: por el nuevo decreto, en nuestro país hay unos alimentos que no pueden superar un umbral determinado de concentración de cloruro de sodio, lo que comúnmente se llama sal. La idea es proteger la salud de los colombianos mediante la prohibición de la venta de los alimentos que superen ese umbral.

La lista la componen más de 50 preparaciones, una de ellas, la mostaza. Sus grandes fabricantes, franceses y gringos, por ejemplo, han expresado que si le bajan la concentración de sal a su producto el resultado ya no puede llamarse así, sería un sucedáneo, y además, no les resulta rentable ajustar su fórmula para atender a un mercado tan pequeño. Por lo tanto, han desaparecido las marcas importantes de las estanterías y ha nacido el contrabando de mostaza. Pasará algo similar con cualquier otro condimento que no se ajuste a la normativa.

Fíjense en la paradoja. Muy pronto, en un supermercado será posible comprar cigarrillos, pero no salsa soya, y llevarnos un litro de mal licor, pero no un frasco de mostaza Dijon. Incluso, para mayor confusión, será posible comprar kilos del condimento más salado que existe: la sal; pero no será posible comprar nada que la tenga en exceso.

Parece una situación anecdótica e incluso digna de una novela macondiana, pero en realidad el problema no es la restricción a la venta de mostaza per se. Lo malo es que nos parezca normal ese tipo de intromisiones del Estado en la vida cotidiana. Siempre será importante preguntarse dónde conviene trazar la línea y hasta qué punto el Estado puede decidir por sus ciudadanos.

Los esfuerzos que conduzcan a una mejora de la salud pública son necesarios. Sin embargo, en lo concerniente a la nutrición, salvo prohibir sustancias realmente peligrosas, deberían enfocarse en la educación de las personas y facilitar que tengan acceso a comida buena y barata. También, digo yo, convendría que los Gobiernos se preocupasen más por evitar que atraquen y les hagan daño a sus ciudadanos y no tanto porque le pongan mostaza al sándwich.

moreno.slagter@yahoo.com