Las imágenes de los impactos en la ventana del carro que transportaba a Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta dejaron un sinsabor en muchos de los que defienden el Estado Social de Derecho. El malestar poco o nada tiene que ver con ser petrista o no, sino con la inquietante pregunta sobre las garantías efectivas que tiene el actual proceso electoral.
Los confusos hechos del atentado no permiten concluir a ciencia cierta si lanzaron piedras o balas. Algunos registros de video captaron la imagen de un fogonazo, como cuando denotan un arma de fuego, otros están seguros de que es imposible que una piedra averíe un vidrio blindado.
La pregunta de fondo, sin embargo, es ¿por qué en Cúcuta? Más allá de toda la polarización, Petro ha llenado las plazas sin mayores problemas de orden público en distintos puntos de la geografía nacional. En Cúcuta, sin embargo, fue distinto. Es posible que esta diferencia esté marcada por el nombre del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, que tanto ha mencionado el candidato y, quizá, una eventual alianza con los poderes locales. ¿Quién es y por qué podría estar detrás de un atentado a Gustavo Petro?
Suárez Corzo se encuentra recluido en La Picota desde 2011, cuando fue condenado por ordenar el asesinato de Alfredo Flórez, ex asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta. De acuerdo con la sentencia de la sala de casación penal de la Corte Suprema, el funcionario se había vuelto incómodo y el alcalde decidió pedirles a los paramilitares que lo eliminaran. Dicen que, pese a estar preso, Suárez sigue haciendo videoconferencias con los cucuteños, sosteniéndose como un poder ilegítimo y gozando de la popularidad de un benefactor.
Aunque el atentado a Petro no es un asunto menor, quizá apenas sea un detalle en medio de todo la compleja política mafiosa de la ciudad. En el año 2015, la senadora Claudia López denunció los nexos de Suárez con la campaña electoral de César Rojas –actual alcalde– y aseguró que el mismo Suárez se comunicaba por teleconferencias en los barrios y llamadas, en las que ordenaba votar por Rojas. López, que también se disputa las presidenciales, aseguró en octubre de 2017 que la cárcel de Suárez Corzo es una suite. Este criminal parece tener mayor blindaje que el del carro de Petro.
Hace unos días, Guillermo Rivera, ministro del Interior, dijo en su cuenta de Twitter: “Desde ayer hemos buscado comunicarnos, sin éxito, con el alcalde de Cúcuta para pedirle que tenga presente esta circular”, y adjuntó el documento que les pide a los alcaldes cumplir con la Constitución nacional, generar las garantías electorales y permitir las manifestaciones de los candidatos en la plaza pública. En Cúcuta, sin embargo, parece que los que mandan son otros. Es el presidente Santos quien debe proporcionar y exigir dichas garantías. La mafiosa participación de Suárez Corzo, además, debe ser investigada cuanto antes.
@ayolaclaudia
ayolaclaudia1@gmail.com
