El desempeño de Colombia en materia de prevención y control del Lavado de Activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) se evidenció en los resultados entregados el pasado mes de octubre con el informe de evaluación mutua del Fondo Monetario Internacional.

El documento resalta algunos logros como el entendimiento general local del riesgo, la identificación de las principales amenazas y vulnerabilidades en materia de Lavado de Activos, el reconocimiento de la principal amenaza de financiación del terrorismo en manos de grupos armados organizados, entre otros; pero no reconoce la aplicación de la inteligencia financiera para la prevención y control de la financiación del terrorismo, y tampoco para la proliferación de armas de destrucción masiva, el acceso por parte de la autoridad a esa información son algunas de las fortalezas del informe. De igual manera, presentan líneas de acción en las que debemos apresurar el paso para lograr mejores resultados, entre otros hallazgos, me permito indicar los siguientes:

Debemos establecer mejoras en la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos, para lo cual sugieren la aplicación de estandarización de procesos y políticas de gestión de estos referenciados por ISO 31000: 2018 e ISO 19600, recordemos que la matriz de riesgos de las organizaciones nos otorgan las herramientas para detectar alarmas.

Considera el informe que las autoridades colombianas pueden investigar y procesar el Lavado de Activos a través de una amplia variedad de herramientas legales y organismos de investigación con suficientes recursos. Sin embargo, la gran mayoría de los casos involucran esquemas simples que comprenden montos bajos de recursos. El número de investigaciones y procesos penales de Lavado de Activos está aumentando, pero sigue siendo insuficiente dado el perfil de riesgo del país.

Consideran que deberíamos mejorar la percepción en el control del riesgo de LAFT, dado a que, por ejemplo, no se cuantificó con propiedad, dejando estimaciones del LA con cifras muy inferiores a las estimadas por el Banco Mundial en el mismo período que consideran sería del 7,5% del PIB. Por lo anterior, nuestro referente del año 2017 nos produce una caída en 22 puestos, ubicándonos en la posición 103 de 146 países, es decir a 43 puestos del mejor país calificado. 

Con referencia a la financiación del terrorismo se considera que deberían seguirse identificando los riesgos. De igual manera establece que la seguridad fronteriza sigue siendo foco de riesgos y vulnerabilidad.

Un último comentario, el extenso documento de 198 páginas del informe arriba anotado indica las deficiencias técnicas y prácticas para determinar el marco legal de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM), señala que son incipientes, lo cual exhorta a realizar las tareas pertinentes.