La visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue la oportunidad para encontrar una instancia en la que hubo desahogo de parte de diversos sectores ciudadanos: quienes se consideran víctimas de excesos de la Fuerza Pública, quienes sienten vulnerados sus derechos por la violencia de aquellos que ven en las manifestaciones la oportunidad para hurtar, destruir bienes públicos y privados,  desaparecer pruebas de investigaciones penales, desacreditar al Gobierno, o descaradamente usarla como estrategia electoral pensando en ganar elecciones.

También fue la posibilidad para organizaciones sociales, gremios, empresarios, trabajadores y policías, de expresar la angustia sufrida durante 45 días en la que hemos estado sometidos a violencia, irrespeto y falta de empatía de parte de un puñado de personas que paralizaron prácticamente al país, con consecuencias irreparables y de largo plazo.

La situación puso como prioridad a los Derechos Humanos en la agenda pública. Algunos, con el argumento que en Colombia no hay libertades y que el Estado es violador de Derechos. Exigen que el gobierno censure a la fuerza pública, que esta no actúe en medio de la alteración del orden y hasta buscan paralizarla, bajo la consideración errada que no puede intervenir en ninguna clase de protesta, dejando de lado la exigencia de las normas y estándares internacionales que exigen que sea pacífica.

Otra discusión en torno a los Derechos Humanos es su límite. Algunos consideran que no lo tienen, desconociendo la correlación entre derechos y deberes. La propia Convención Americana se refiere a los deberes de toda persona para con la familia, la comunidad y la humanidad. Es decir que los derechos están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por el bien común. Es lo que realmente hace a una sociedad democrática y la distingue de las dictaduras.

La mayor sorpresa que expresaron los comisionados, es el lenguaje agresivo que usan algunos líderes para descalificar a otros. La estigmatización, que incide en la dificultad para dialogar, para buscar acuerdos posibles dentro del marco constitucional y legal.  De otro lado, la desconfianza en las instituciones, que es lo que ha llevado a buscar escenarios internacionales para adelantar las discusiones. 

Verificaron, que si bien hay consenso en las causas de la situación que dejó la pandemia: el crecimiento de pobreza, el aumento del desempleo que afectó los ingresos de millones de familias; también se percataron que hay unas demandas locales que requieren revisión de programas que se ejecutan a nivel territorial. 

Sin embargo, la solución corresponde solo a la nación colombiana. ¿Qué pasa con la democracia representativa? ¿Por qué las justas causas terminan desviadas por la violencia y atentando contra los derechos? Hay que crear una cultura de respeto, mantener un diálogo entre diferentes, revisar los instrumentos de participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, para que las instituciones retomen credibilidad. 

Por: Nancy P. Gutiérrez

Consejera Presidencial para los Derechos Humanos