Una medida sutil del Gobierno de Santos podría ser la nueva forma de limitar las agendas de los medios de comunicación a través de los poderes de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recientemente se conoció que la SIC le abrió investigación a RCN Radio, por supuesta integración empresarial, a partir de siete contratos de arrendamiento de concesiones radiales de Vital Inversiones y de P y C Inversiones. Estos contratos fueron suscritos en agosto de 2012, y en ese mismo año se presentó una denuncia ante la SIC donde se pedía investigar los contratos que conllevarían a la configuración de una integración empresarial.

Extrañamente, la SIC, conocida por ser una de la entidades del Estado más rápidas y efectivas en la tramitación de este tipo de procedimientos, se tomó más de tres años para abrir investigación sobre la materia y formular pliego de cargos contra RCN Radio y las demás partes del contrato. No solo genera suspicacia la injustificada demora, sino la artimaña jurídica donde le cambian las reglas del juego a RCN, quien cumplió con la debida comunicación del contrato de arrendamiento de las respectivas frecuencias radiales, en la fecha estipulada para ello mediante la Ley 1340 de 2009. A juicio de la SIC, los contratos estudiados no son simplemente arrendamientos sino que constituyen prácticas de integración empresarial que debían ser previamente aprobadas por parte de la SIC. ¿Por qué entonces no le informaron a RCN Radio cuando comunicó dichos contratos en el 2012?

La resolución mediante la cual se abre dicha investigación se adopta en el mes de febrero de 2016, tal vez el mes más álgido en los debates e investigaciones adelantadas por Vicky Dávila y el equipo de La Fm por las chuzadas ejecutadas por Palomino, así como por las diferentes prácticas que según este equipo se desarrollaban dentro de la Policía. ¿Coincidencia o represión? Esto no es una teoría de conspiración, las limitaciones a la libertad de prensa pueden ser tan sutiles que se disfrazan de ángeles antimonopólicos y de supuestos amantes de la institucionalidad.

Si con esta investigación se sanciona a RCN Radio, no solo se afectará a la Organización Ardila Lülle con una dolorosa multa de hasta 69 mil millones de pesos, sino también al presidente de RCN Radio, Fernando Molina Soto, quien deberá pagar  alrededor de 1.380 millones de pesos por su responsabilidad como administrador. Tal vez no exista en el mundo mejor estrategia para limitar investigaciones periodísticas y líneas editoriales que castigar las arcas personales del presidente de una sociedad que dirige 164 emisoras, que se oyen en el 88% del territorio nacional. Esto es solo un caso particular, pues más allá de la decisión que se tome frente a RCN, lo que realmente se podría afectar es la libertad de prensa en Colombia. Si el Gobierno tiene la capacidad de enfrentarse a los medios de comunicación de una organización empresarial tan poderosa, ¿qué podrá esperarse para el periodismo menos protegido del país?

Ahora, si las investigaciones periodísticas adelantadas por LA Fm con Vicky Dávila le pueden salir caras a RCN Radio, ¿cuál será la próxima cuenta de cobro por el nombramiento de Hassan Nassar?

Lo peor del asunto: el superintendente de la SIC, Pablo Felipe Robledo, se declaró impedido para decidir sobre el caso, por lo que Juan Manuel Santos deberá escoger a dedo un superintendente ad hoc que resuelva la controversia. ¡Ya imaginarán la imparcialidad!

@tatidangond