Hace cuatro meses, el mundo entero y en Colombia se celebraba el triunfo electoral de Gabriel Boric como presidente de Chile, que parecía estar justificado por las ideas de cambio que representaba y por encarnar a una juventud idealista y luchadora. Sin embargo, en las últimas semanas se ha hecho popular un refrán chileno para describir su gestión: “Otra cosa es con guitarra”. Es decir, criticar es una cosa y gobernar es otra. La Convención Constituyente ha corrido con la misma suerte, el plebiscito que le dio origen fue aprobado con un 80 % de los votantes, y hoy su gestión es aprobada por un paupérrimo 25 %. ¿Qué pasó y cómo entender tal volatilidad política? 

Una regla básica de la democracia es entender que las mayorías son circunstanciales y que los oponentes no son enemigos. El gobierno de Boric y la Convención Constituyente han pecado de revanchismo, y a su inexperiencia con la cosa pública se ha sumado un idealismo peligroso que parte por rechazar la voz de los técnicos. A la Convención Constituyente, por ejemplo, se le dio el mandato de redactar una nueva carta magna; no obstante, desde su directiva se negaron a escuchar a campesinos, agricultores, mineros (sí, en un país minero), empresarios e incluso académicos. ¿Quiénes podían participar? Quienes tuvieran ideologías afines con la directiva. No es de extrañar que lo que comenzó con una censura a “la derecha” o todo lo que olía a oposición, ha llegado a ser mayoría. 

Un segundo error, que explica el enojo de amplios sectores del país austral, se relaciona con los propósitos refundacionales que parten por desconocer logros de occidente como el Tribunal Constitucional, la independencia del Banco Central o la existencia del Senado como contrapeso del Ejecutivo. Para usted que me lee, estas instituciones que damos por sentado en nuestras democracias no solo protegen al ciudadano promedio de gobiernos dictadores, también evitan que lleguemos a ellos.  

Un hecho que llama la atención de los estudiosos de este caso se relaciona con las iniciativas ciudadanas; es decir, la posibilidad que les dieron a los chilenos de presentar proyectos para su discusión cumpliendo un mínimo de firmas. Iniciativas como la libertad de culto o de enseñanza, que en Colombia tienen un rango constitucional y que recogieron más de 200.000 firmas, fueron consideradas “poco relevantes”, dándoles 5 minutos para su presentación. A escasas dos semanas de terminar su trabajo (el 4 de septiembre será la votación del plebiscito de salida), estos derechos fundamentales no fueron incluidos. 

No son pocos quienes vieron en esta instancia una oportunidad para superar la crisis de 2019. Paradójicamente, muchos de sus promotores, entre ellos el expresidente Ricardo Lagos, no solo están arrepentidos, sino que han reconocido que su aprobación significaría conflicto y retroceso para toda la sociedad chilena. Frente a declaraciones como estas y la victoria contundente que las encuestas le dan al rechazo de salida, los nostálgicos de la revolución hoy hablan de una tercera vía que pueda incluir a los técnicos. Una vez más, la experiencia chilena nos enseña que no somos inmunes a las promesas de una revolución gloriosa, relajarnos frente aquello que la ponga en riesgo es no entender que, en política, ni las libertades ni los derechos se dan por sentado.