Éramos muchos, no había comida para todos y, para colmo, parió la abuela”. Así nos pasó en Colombia donde, en plena tercera ola de la inclemente pandemia y con una situación económica y social sumamente crítica, agravada por la cuarentena y el aislamiento social, se toma la equivocada decisión de presentar una reforma tributaria que pretendía aumentar el IVA a productos de primera necesidad y bienes necesarios, gravar los servicios públicos, ampliar la base del impuesto a la renta y cargar impositivamente las pensiones, entre otros.

No es tampoco el momento oportuno para persistir en una reforma a la Ley 100 de 1992, que aspira privatizar aún más el sistema de seguridad social integral al traspasarle totalmente la responsabilidad de la atención en salud  a las EPS. Además, pretende que los colombianos paguemos pólizas de seguros adicionales a los aportes de ley para lograr cobertura total de atención médica.

Todo esto sobrepasó la capacidad de aguante del pueblo y motivó a la protesta masiva de carácter pacífico que, lamentablemente, terminó desbordándose en violencia callejera, saqueos, violación de los derechos humanos y uso desmesurado de la fuerza. Hoy estamos en el peor de los escenarios sociales y con el riesgo de naufragar como país.

Por el bien de Colombia, por nuestro presente y el futuro de las generaciones venideras, es preciso barajar de nuevo, superar la nefasta polarización y empezar a construir, a partir del diálogo propositivo, enmarcado en los principios de la alteridad, que nos permita superar esta grave situación de violencia generalizada y con la mirada puesta en el cierre de las brechas sociales, la eliminación de la pobreza y la erradicación de la corrupción. El paso a seguir debe ser la búsqueda y la construcción de una sociedad cuyos ideales colectivos sean la justicia, la equidad, la educación inclusiva y de calidad, el empleo y la convivencia pacífica.

Colombia es un país de gran inequidad, con el 42,5% de su población nacional en condición de pobreza monetaria y el 15,1% en pobreza extrema, a 2020; con una escasa movilidad social, con 3,4 millones de desempleados (DANE) y con una galopante corrupción que, según estimaciones, se queda con 50 billones de pesos al año. Esta agreste realidad no resiste más pañitos de agua tibia, requiere medidas estructurales más allá de las recetas impuestas por la banca multilateral y la economía neoliberal.

En buena hora, el entrante ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció una ruta concertada para conseguir los recursos para afrontar la crisis pandémica y aplazó indefinidamente la inoportuna compra de aviones de guerra.

El diálogo social propuesto por el Gobierno Nacional en respuesta a la protesta no deberá circunscribirse a reuniones cerradas con las altas cortes, los partidos políticos y los gremios económicos, sino incluir a todos los sectores involucrados en el levantamiento social, sobre todo la representación estudiantil, por ser ellos actores fundamentales en la protesta ciudadana y constituir el futuro del país.

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