La Contraloría Distrital de Bogotá, en cabeza del imputado por corrupción Juan Carlos Granados, condenó al senador y excandidato presidencial Gustavo Petro a pagar multas cercanas a los $317 mil millones por presuntos detrimentos patrimoniales cuando ejercía su cargo de alcalde de la capital, surgidos de la rebaja de las tarifas de Transmilenio y de la crisis de las basuras.
Esta sanción administrativa, la más alta que jamás se haya ordenado en contra de funcionario alguno, tiene en vilo el futuro político de Petro, a quien los 8 millones de votos que obtuvo en las recientes elecciones le otorgaron la legitimidad necesaria para ejercer el liderazgo natural de la oposición al gobierno de la derecha.
Al margen de que la decisión final de estos procesos continúa suspendida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, la Corte Constitucional se pronunció al respecto, ratificando la competencia de los entes de control para ordenar este tipo de sanciones y la inhabilidad de los condenados para posesionarse en cargos públicos hasta tanto no cancelen la totalidad de las multas.
En un país donde muy pocos ciudadanos serían capaces de pagar una suma tan desproporcionada –Luis Carlos Sarmiento y Álvaro Uribe entre ellos–, no es descabellado sospechar de estas sanciones, tras de las cuales bien podrían ocultarse intenciones políticas: sacar del camino a Petro y anular sus aspiraciones de poder, desterrando así la amenaza que supone para el establecimiento un eventual gobierno progresista.
¿Cuál es el miedo? Los discursos radicales insisten en que una presidencia de Petro supondría un cambio de modelo político y económico al mejor estilo del chavismo venezolano y el castrismo cubano. Este argumento, descabellado por donde se le mire, caló en los votantes ignorantes e ilustrados, hasta el punto de que es la principal razón por la cual el fantasmagórico Iván Duque es el presidente de Colombia.
Los más moderados aducen una supuesta ineptitud para gobernar del exalcalde, lo cual puede ser un tema de discusión válido, siempre y cuando sea a la luz de cifras, indicadores de gestión y pruebas documentales. También están los más tibios –muchos de ellos defensores del voto en blanco–, quienes reconocen la valía de Petro como estadista, la profundidad de su diagnóstico del país, su valentía al denunciar los vínculos del Estado con el paramilitarismo, pero resumen su animadversión afirmando que Petro tiene un carácter insoportable.
Es evidente que el temor al senador que jamás podrá pagar los $317 mil millones va mucho más allá de estas tres posturas superficiales: se trata del miedo al cambio, a las reformas de fondo, a un gobierno que privilegie –para bien o para mal– los intereses de las mayorías y se niegue a continuar protegiendo los privilegios de quienes han hecho de Colombia un país tan mediocre, desigual y violento.
Veremos cómo se pronuncia de fondo la Justicia. Veremos si al final sacan a Petro del camino. Veremos a dónde se irán, si eso sucede, los 8 millones de votos de hoy –que serán 3 o 4 más en 2020–, y que pondrán en el Palacio de Nariño, por primera vez, a un presidente capaz de hacer temblar de miedo a tanta gente.
@desdeelfrio
