La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha dicho que la carta se perdió. Más exactamente que se quedó varada en Panamá, refundida en alguna tula de correos que debe estar amontonada en la bodega de algún aeropuerto. Esta insólita explicación sería intrascendente si la carta en cuestión fuese una misiva cualquiera: una comunicación comercial, el anuncio de una herencia, una declaración de amor.

Pero se trata de una solicitud formal, reenviada por la Cancillería colombiana -al parecer hace 8 semanas- a un juez de Nueva York, dentro del proceso penal por narcotráfico que se le sigue al excomandante de las Farc, Jesús Santrich. En ella, la JEP solicita al tribunal norteamericano las pruebas que confirmarían que el detenido líder del desmovilizado grupo guerrillero cometió el delito por el que se le investiga, después de firmado el acuerdo del Teatro Colón.

Para el Gobierno, este es un asunto prioritario, no solo por la gravedad implicada en que uno de los líderes del nuevo partido político pueda ser traficante de drogas ilícitas, sino porque, si se llegara a comprobar su culpabilidad, se confirmarían también las teorías según las cuales el proceso de paz fue una farsa orquestada para proteger a los peores criminales de la historia.

Por eso resulta insólita la explicación de la ministra sobre un hecho que es un ejemplo inexcusable de la torpeza, la mediocridad y la ineficacia de una institución que actúa, no solo en nombre de un gobierno, sino -y sobre todo- de un Estado, de un país, de una sociedad.

La desaparición de la carta es, por supuesto, objeto de la burla mundial, como tantas otras cosas que hemos exhibido con la sonrisa pícara del niño que ha cometido una pilatuna. Sin embargo, a pesar de lo graciosas que resultan algunas de las actuaciones de este gobierno, no está en juego un asunto menor; se trata, ni más de menos, de un episodio que puede condicionar de manera determinante el destino del acuerdo de paz, su implementación y la credibilidad de quienes lo firmaron en nombre de miles de combatientes que siguen esperando su oportunidad de rehacer sus vidas por fuera de la guerra.

Por ahora, la ministra continúa con el sainete. Ha pedido a la JEP un nuevo plazo para recibir las pruebas -la fecha original fue hace un par de días-, alegando “fuerza mayor”, es decir, que mandaron el sobre por correo certificado y que nadie sabe por qué terminó en Panamá, que perdonen, que comprendan, que se les salió de las manos, que eso nunca había sucedido, que ellos no son carteros, que ya casi mandan la dichosa carta otra vez, que ya el mensajero del ministerio está haciendo la fila en la sucursal de Colombia 4-72, ubicada en carrera 8 con calle 12, muy cerca de la oficina de la doctora Borrero, lo cual garantiza que esta vez la carta no se va a perder por nada del mundo.

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