Lamentablemente en los últimos meses y días ha vuelto a Colombia el sombrío proceder de masacres cometidas contra la población. Cuatro hechos llaman la atención. La edad de las víctimas: casi todas ellas, son jóvenes. Su etnia: generalmente, son afrocolombianos, mestizos e indígenas. Su extracción social: por norma, son de procedencia popular o humilde. Su origen territorial: habitaban en regiones alejadas del centro del país o en zonas periféricas de las capitales. Todos estos elementos en común permiten pensar que, según sea la edad, clase, raza o lugar de nacimiento, ciertos sectores de la población están expuestos a más violencia criminal, o así mismo, a menos seguridad y protección del Estado que la evite y la sancione.

Las masacres acontecidas generan una serie de preguntas que en esta columna van en sentido diferente a todas aquellas pertinentes dirigidas a establecer quiénes son sus autores. Así, interrogo: ¿Qué hubiera pasado si dichas masacres hubieran ocurrido en colegios o universidades prestigiosas de las grandes ciudades del país? ¿Qué hubiera ocurrido si un día asesinan a 5 estudiantes en Bogotá que se encontraban jugando en los jardines del Gimnasio Moderno, a la siguiente semana a otros 8 provenientes de la Universidad de los Andes que departían en una fiesta, y días después a otros 3 de la Universidad Sergio Arboleda que regresaban a sus casas? Entre las respuestas que surgen en mi mente a tales interrogantes me contesto: habría acontecido toda una reacción nacional y un clima de urgencia por encontrar los culpables y ocuparse a fondo del tema.

Todo lo anterior me lleva a considerar la hipótesis de que en Colombia existen ciudadanos de primera, segunda y hasta de tercera categoría. Me lleva a asumir que aún queda mucho por avanzar en la construcción de una comunidad nacional de ciudadanos donde todos seamos iguales ante la ley y ante los demás, y, por lo tanto, donde sin excepción, la totalidad merezcamos la misma protección del Estado y el mismo respeto, reconocimiento y solidaridad del conjunto de la sociedad. Me lleva a considerar si no prevalece entre violentos y no violentos una especie de cultura política hecha de autoritarismo, clasismo, racismo y centralismo que lleva a creer que hay grupos sociales de los cuales, o bien, se puede disponer arbitrariamente de sus vidas y bienes, o así mismo no merecen reconocimiento social y que sean protegidos. Una cultura que lleva a presuponer que si se tiene menos edad, si se tienen menos bienes, si se es más oscuro en el color de piel y si se está más alejado de la capital o capitales, entonces importan menos, merecen menos protección del Estado y tienen menos valía social. Todo lo contrario a quienes se ubican en otras condiciones de ciclo de vida, sociales, étnica y territoriales. Una idea insiste en mi mente. ¿Qué hubiera pasado en el país si los hechos recientes acontecidos en Cauca, Nariño, Arauca, entre otros, hubieran pasado más bien a jóvenes de los colegios y universidades ya citadas de la ciudad de Bogotá?

*Docente de carrera e investigador de la ESAP