La virtualidad debe quedarse como regla general en todas las áreas del derecho, pero sobre todo en la penal, y digo como regla general porque razón tienen quienes dicen qué hay momentos del proceso donde la presencialidad hace efectivos derechos y garantías, que desde las plataformas no se muestran tan claramente. 

Por ejemplo, para evitar que un testigo lea, consulte papeles o teléfonos mientras presenta su declaración, o la apertura de una cadena de custodia o la presencia de un declarante que no tiene acceso a redes y tecnología y necesita otra alternativa para dar su versión de los hechos así que debe hacerlo en una sede judicial, o alguno de los partícipes o partes que tenga el mismo inconveniente, pues necesitan una opción presencial. 

Algunos de los argumentos en contra no tienen razón de ser, en especial dos: primero, que la ciudadanía debe ver a su juez en un juzgado físico, pero nada mejor que un juez que pueda atender virtualmente a todo mundo y con más transparencia, ya que las reuniones virtuales quedan registradas y hasta pueden ser grabadas, además nadie se puede conectar de forma anónima, y además, la ciudadanía puede comunicarse con su juez, si éste lo autoriza, desde cualquier lugar de Colombia o del mundo haciendo más efectivo uno de los acápites del acceso a la justicia; segundo, es el miedo a tener el contenido de diligencias reservadas en la nube o en sitios que no son físicos, pues ese miedo es tardío ya que antes de la pandemia, en presencialidad, la información reservada también quedaba archivada en plataformas o en la nube y en correos electrónicos, así que ese miedo ya estaba, pero se tenía y se tiene la tranquilidad de que la protección de esos datos está garantizada por quién la maneja.

La Cámara de Representantes de manera absurda, demostrando su alejamiento de la realidad del país, decidió dejar por fuera de la virtualidad a la justicia penal, craso error, pequeñez de pensamiento, aún queda un chance y, ojalá reaccionen y no les quede grande su responsabilidad con el país, es un clamor, cada día más grande, que defensores públicos, jueces, magistrados y litigantes de toda Colombia hemos hecho, todos nos hemos pronunciado para que recapaciten, la virtualidad es necesaria, en una herramienta que llegó para quedarse y que tiene muchas más ventajas que desventajas y alejarla de la justicia penal es volver a las cavernas. 

Esperemos que reaccionen y lo penal sea por regla general virtual, porque además es una forma en la que la justicia puede ser más expedita, en el que se puede descongestionar el sistema, no es justo que nos dejen por fuera cuando los beneficios se han visto en estos últimos dos años. Hasta el seguimiento de casos y usarlos como herramientas de enseñanza es posible a través de la virtualidad, así que insisto que la virtualidad también debe ser para la justicia penal. 

Nosotros siempre estamos listos para aportar, pero ahora como Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, liderados por Francisco Bernate, o #NosUnimosONosJodemos y en este caso sin virtualidad.