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#ElCoco

La protesta es legal, pero se torna ilegal e ilícita cuando a pesar de saber que se necesita desbloquear para evitar una muerte insisten en el bloqueo.

Se habla mucho en estos días de los delitos de lesa humanidad, sin duda alguna son conductas que por su gravedad merecen el mayor reproche y la mayor contundencia para rechazarlos e investigar su comisión dentro del respeto a las garantías procesales vigentes y en consonancia con la protección de las víctimas.

Estos delitos pueden ser homicidios, esclavitud, desplazamiento forzado, torturas, violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos religiosos, sexuales, políticos, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, además, estos delitos son imprescindibles para el derecho internacional y, hacen parte de aquellos que pueden, en un momento dado, ser investigados por la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, para que esto suceda se deben reunir varios requisitos que, en el caso de lo sucedido en desarrollo de las protestas en Colombia y a diferencia de lo manifestado sin sonrojarse por Iván Cepeda, están lejos de configurarse en nuestro país.

Primero porque ni el Presidente de la República, el comandante del Ejército o de la Policía han instado, mandado, permitido o callado frente a ninguna de las denuncias realizadas por delitos o abusos de la fuerza pública en desarrollo del paro nacional, por el contrario está documentado en discursos y notas de prensa o bien su rechazo o bien la petición de una investigación. En cambio, por lado alguno se tiene prueba o conocimiento de una orden por parte de ellos para delinquir y atacar sin justa causa y dentro de la proporción a la población civil que marcha e incluso a la que bloquea o a la que vandaliza y delinque.

En segundo lugar porque la competencia de la Corte Penal Internacional no está por encima de la justicia de cada país, solo actúa de manera subsidiaria cuando se presentan casos en los que no se investiga o se investiga para favorecer a los presuntos responsables y se deja claro que esto generó impunidad, es decir que, cuando se activa su competencia la resolución dada también recae sobre otra parte de la investigación y juzgamiento en este caso no solo Fiscalía o Comisión de acusaciones sino también sobre la Corte Suprema de Justicia .

¿Está reconociendo el senador Cepeda que la justicia colombiana incluida la corte avalaba la impunidad y privilegian el delito? Si es así que lo ponga de presente. El discurso de Cepeda de “denunciar”, cosa que además en términos legales no es correcto, es solo un discurso político inviable porque ya manifestamos que están ausentes dos condiciones básicas.

La tercera que dejamos para el final, es que tampoco es claro que los abusos y delitos cometidos presuntamente por la fuerza pública califiquen como delitos de lesa humanidad.

Muy bravo que el senador Cepeda para irse en contra de las instituciones diga mucho, pero poco o nada haya dicho de los policías heridos, de las veces que fallecieron por bloqueos o de las vías cerradas que impiden el suministro de agua, oxígeno o medicamentos.

Como lo dijimos en columnas pasadas la protesta es legal, pero se torna ilegal e ilícita cuando a pesar de saber que se necesita desbloquear para evitar una muerte o afectación de salud pública insisten en el bloqueo.

La Corte Penal Internacional no es el coco.

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