Entre las reformas que se deberían llevar a cabo en el país, y como ya lo he dicho en diversas columnas, se encuentra una reforma a la justicia, no obstante, modificar la Fiscalía General de la Nación también es urgente y puede hacerse de forma paralela o aún antes que una reforma más grande.

La Fiscalía General de la Nación necesita grandes cambios, unos que deben ser normativos y otros que se pueden solucionar con resoluciones internas.

Las normativas implicarían separar del todo Medicina Legal del ente acusador, para que deje de ser insostenible y una herramienta para romper la igualdad de armas. En este momento la domiciliaria por salud o temas de fondo son soportados en dictámenes periciales dictados por un órgano que depende de una sola parte del proceso, ¿qué igualdad hay en ello?

Mientras eso siga así la interpretación correcta no puede ser otra que todo documento u opinión producido por Medicina Legal es parcializado por ser producido por un sujeto procesal u otra solución sería darle igual validez a documentos u opiniones entregados por expertos de la defensa.

La otra reforma legislativa y constitucional implica que el fiscal pase al ejecutivo y tenga responsabilidad política y mayor discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal y con ello se daría mayor luz a un sistema con tendencia acusatoria, bajaría la impunidad y la congestión, eso está probado en muchos países.

Ahora a nivel de acto administrativo o resoluciones, se debe procesar que no puedan ser fiscales quienes ocupen otra plaza solo por un mejor sueldo o por cualquier razón, no tiene lógica que un magistrado de tribunal sea fiscal delegado ante la Corte y cuando se cansa regresa a su posición, esto viola la igualdad y el mérito en la selección de personal en uno y otro órgano judicial.

Así mismo, quiero reiterar que el dinero que ha ahorrado el Estado en desplazamientos y viáticos de fiscales gracias a la virtualidad debería ser suficiente para mantenerla en muchos casos, por economía del Estado, pero también por economía y dinámica del proceso. No solo se ahorra en pasajes, se ahorra tiempo, además de volver los procesos judiciales más puntuales (no hay excusa para no comenzar una audiencia en la hora especificada).

Esta reforma también debe incluir la creación de una jurisdicción diferente que sea la que investigue a los jueces, pues mientras la Fiscalía sea una de las partes del proceso, puede prestarse a intimidaciones al juez, además hoy es una prueba fehaciente de que no hay igualdad de armas.

Los cambios deberían incluir además más herramientas para que los fiscales realicen preacuerdos y principios de oportunidad, para darles alguna flexibilidad a la hora de actuar respetando las víctimas, sin desconocer el principio de legalidad.