Colombia es un estado de derecho. Las leyes les proveen a los ciudadanos instancias para poder demostrar su inocencia y el sistema administrativo y el judicial tienen mecanismos para llegar a una conclusión, en instancia final, sobre lo que investigan para poder dictar sentencia absolutoria o condenatoria.

Hasta los ciudadanos de a pie debiéramos saber eso. Sin embargo, hace mucho rato que en nuestro país las investigaciones preliminares se convierten en condena. El periodismo y la opinión pública nos hemos convertido, como consecuencia de la polarización de conceptos, en investigadores, fiscales y jueces. Todo en uno.

El último ejemplo lo acaba de dar Ernesto Lucena, ministro del Deporte que, no bien salió en primera instancia la multa a los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol por parte de la SIC, salió a embestir, como siempre, pidiendo la renuncia de los mismos desconociendo que existe algo que se llama “respeto al debido proceso”. Más lamentable aún es que Lucena es abogado. Igual pasa con el Superintendente Andrés Barreto al llamar “leguleyadas” a las acciones del grupo de abogados de la FCF que lleva el caso.

Todo lo que se haga para defender a un acusado debe ser ajustado a derecho, a lo que la ley permite. Incluyendo la recusación a él por no tener en cuenta pruebas presentadas y prejuzgar en los medios a los investigados. Las investigaciones administrativas de la SIC conceden instancias para recurrir sus decisiones sobre multas y otras medidas. En el caso que nos ocupa, la FCF, y sus miembros multados, tiene la posibilidad de utilizar el recurso de reposición ante la misma SIC, de llevar el caso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y hasta al propio Consejo de Estado que es la última instancia.

En Colombia ha habido casos de ciudadanos que han sido acusados, incluso por estados extranjeros, y han podido probar su inocencia después de estar inmersos en escándalos mayúsculos, por la gravedad de las acusaciones, que muchas veces tienen que ver con delitos internacionales que podrían conllevar a extradiciones. Al final de la investigación, y de los recursos que la ley les concede, los miembros de la FCF tendrán dos panoramas ante sí. Si son absueltos, quedarse en sus cargos si así lo desean, o renunciar si son condenados pues no podrían administrar con una decisión en contra de ese tamaño. Estamos en Colombia. Un estado de derecho que algunos desconocen aun siendo ministros de estado, superintendentes y abogados...