La Justicia es lo más importante en una sociedad que pretenda ser civilizada y democrática. Por eso destaco como una magnífica señal que se haya instalado, el miércoles 7 de octubre, la Mesa de Justicia y Competitividad a la que concurrieron, vía Zoom, magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura y el Tribunal Superior, el director seccional de la Rama Judicial, jueces y juezas penales, civiles y laborales, el presidente ejecutivo y la directora de Desarrollo Regional Competitivo de la Cámara de Comercio, el presidente ejecutivo del Comité Intergremial, los secretarios del Interior y Privado de la Gobernación, y la Fundación Protransparencia que hizo la moderación y la relatoría.

La principal solicitud que se le hace a la Justicia en Colombia es que brinde una oferta oportuna, accesible y que dé respuesta a los ciudadanos, y esa exigencia resulta particularmente notoria en el Distrito Judicial de Barranquilla.

Este distrito es una muestra de la forma inequitativa como suelen distribuirse los recursos en este país  centralistamente administrado desde Bogotá. Mientras en Colombia hay un promedio de 9 juzgados por cada 100.000 habitantes, nosotros solo tenemos 3. Por ejemplo, la carga laboral de nuestros jueces penales es 3 veces la de sus pares de Bogotá. Aproximadamente, un juzgado penal del circuito de esta jurisdicción tuvo en 2019 que atender 994 procesos, en tanto que uno de Medellín manejó 131. Este aberrante desbalance explica los abismos en productividad y eficiencia de los distritos judiciales de las dos ciudades.

Los estudios de la Fundación Protransparencia indican que  en el Distrito Judicial de Barranquilla la mayor congestión se concentra en la jurisdicción ordinaria, y en ella en las especialidades penal y civil. Faltan jueces, funcionarios, etcétera. Es decir, unas inversiones, con base en un detallado inventario de necesidades, que generen procesos de superior calidad en la oferta de servicios.

Por eso, mantener una mesa de articulación multisectorial tiene toda la importancia y merece pleno apoyo. Y en esta concurrencia resulta esencial la bancada parlamentaria del Atlántico porque hay recursos del orden nacional y reformas pertinentes que demandan la vocería y la influencia política de los congresistas.

¿Qué ganaría Barranquilla con una mejor Justicia? ¡Muchísimo! Lograría un ambiente de mayor confianza ciudadana a partir de una pronta sanción de los delitos, sobre todo de los más graves. Y también un escenario de seguridad jurídica más favorable a la inversión, el empleo y el progreso.

Barranquilla en los últimos años ha tenido adelantos en sus servicios públicos y avances en desarrollo urbano y calidad de vida. Y optimizar la Justicia tiene que ser parte fundamental de su agenda. Pues sin Justicia es imposible un orden social justo donde se respeten los derechos colectivos y las libertades individuales.

@HoracioBrieva