Columnas de opinión
Actualizado hace 2 meses

La tragedia del aval

Los avales que los partidos políticos expiden a sus candidatos como requisito previo a la inscripción están indicados en el artículo 108 de la Constitución Política, concordantes con el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.

En efecto, el aval es el documento que expide un partido político como garantía sobre las calidades y condiciones que debe reunir un candidato para aspirar a un cargo de elección popular. Así las cosas, ni la Constitución Política ni las leyes han reglamentado el mecanismo de expedición de ese importante requisito (Ley 130 de 1994 y ley 1475 de 2011), y sí ha delegado la responsabilidad de su expedición en los partidos políticos, lo cual ha generado un desorden matizado de corrupción y centralización política, aprovechando el plazo tan corto, de vencimiento del período de inscripción.

Ahora bien, como no existe una reglamentación por parte del Estado, los partidos políticos han dictado su propio reglamento, donde el otorgamiento del aval es una decisión caprichosa y según los intereses políticos de sus directivos, constituyéndose en el primer banderazo de la corrupción política del país. Hay partidos políticos que están exigiendo hasta 100 millones de pesos por un aval.

De otra parte, en forma absurda el Congreso de la República estableció el período de inscripción de los candidatos (artículo 30 de la Ley 1475 de 2011), cuatro (4) meses antes de la fecha de las elecciones, no permitiendo así que se realice una verdadera campaña política donde los candidatos traten de conquistar el voto del elector a través de mecanismos de persuasión y estrategia electoral transparente, donde triunfe la mejor propuesta.

Ahora bien, si la ley fijó ese plazo tan corto, ¿por qué los partidos políticos comienzan a expedir los avales dentro del término de 30 días al vencimiento de la inscripción de los candidatos, y no desde comienzo del año, para que haya una verdadera campaña en conquista del voto popular? Ponen contra la pared a los candidatos que con ojos de perro loco salen corriendo de los partidos tradicionales, buscando avales en partidos minoritarios, que también están contaminados y exigiendo un tarro grande de grasa.

Vale aclarar que el régimen de inhabilidades se aplica desde octubre de 2018, y en algunos casos, desde junio de 2018, para aquellos candidatos que tienen familiares en su jurisdicción con poder político y dirección administrativa que los puedan inhabilitar.

Lo que se observa ahora y ya se huele, es el inicio de una campaña exprés, sin programas, sin argumentos y sin ideales, y compra venta de votos y seudolíderes.

Se abren los maletines y las tulas llenas de dineros calientes, de dineros frío de las caletas de la selva, de dineros de la ley de garantías de los entes territoriales y los dineros de la contratación pública de las entidades en Bogotá donde se ejecuta el presupuesto nacional, pues en este país hasta la corrupción está centralizada.

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