Mientras los colombianos se esmeran por superar la profunda crisis social ocasionada por la pandemia y las previsibles consecuencias de la improvisación y negligencia gubernamental, que nos deja entre los últimos países que adquirirían la vacuna contra la Covid, el Congreso dilapida recursos públicos discutiendo temas no prioritarios sin siquiera intentar controlar el mal gobierno. Los ciudadanos requieren y reclaman alimentos, mejor e igual educación y salud, más empleo y más ingresos. 

En el año 2019 el salario mínimo era de $828.116 y el subsidio de transporte $97.032. En el 2020 se incrementó el salario en $49.687 y el subsidio de transporte en $5.822. Para el 2021 la oferta de los empresarios de aumento salarial y de subsidio de transporte son de $17.556 y $2.057; quedando el salario en $895.359 y el subsidio en $104.911. Por su parte los trabajadores reclaman un aumento salarial de $122.197 y de subsidio $17.146; llevando el salario a $1.000.000 y el subsidio a $120.000. El ofrecimiento empresarial y la demanda de los trabajadores tienen una brecha insalvable que solo se superaría con voluntad política y social, que poco existe en Colombia. Los ingresos de los colombianos no son la prioridad. 

Las razones para no aumentar realmente el salario mínimo siempre han sido las mismas: si los empresarios pagan menos salarios crean más empleo, si pagan menos impuestos crean más empleo, si se hace una reforma conculcando derechos laborales crean más empleo. Y nunca ha sido cierto. Prueba de ello son la reforma laboral de Uribe y la reducción de impuestos y el siempre ridículo e insuficiente incremento del salario mínimo de todos los gobiernos. Cuando los más pobres demandan más ingresos se les acusa, responsabiliza y culpa de impedir que el sector empresarial produzca empleo e incrementar el sector informal; se les tacha de egoístas por querer mejorar su nivel de vida. 

Se argumenta que para aumentar los salarios se debe ser competitivo. Que no se ha podido crear más empleo por los “elevados” aumentos del salario mínimo, los excesivos impuestos que dicen pagar los empresarios, las leyes laborales supuestamente favorables a los trabajadores y, ahora, por la pandemia. Pero cuando se ha reconocido que la economía “va bien”, y se destaca con orgullo que es la más estable y creciente de América latina, tampoco ha sido el momento de hacer un aumento significativo de los salarios, bajo las premisas de que se quebrarían empresas, destruirían empleos, incrementaría el sector informal y se frenaría la economía. Siempre la misma cantinela.

No hay argumentos o evidencias de que el aumento del salario produzca desempleo ni que impida la recuperación del empleo. Este no depende del salario mínimo, pero sí de condiciones estructurales de la economía, que el gobierno podría intervenir. Una hipótesis para la reactivación económica sería elevar la capacidad de consumo de la población que conduciría a fortalecer la producción, generando mayor empleo y reduciendo el sector informal. Esto dinamizaría la economía, favorecería a la mayor parte de la población y protegería a los sectores medios tan frágiles en Colombia, y no solo a minorías.