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Opinión

Cual finca señorial

Algunos colombianos solo avalan las reformas que los sigan favoreciendo o no los perjudiquen; y admiten que estas puedan beneficiar a otros solo cuando, por azar o marginalmente, reciben algo que no sea del interés de minorías privilegiadas. Quienes venían gobernando el país no lo reformaban en favor de todos. Cuando la mayoría de ciudadanos reclamaba algo la reacción del Estado y del gobierno era de represión. Ahora que los ciudadanos eligieron un nuevo gobierno, que no está directamente alineado con los intereses de las tradicionales minorías, una parte de estas intenta debilitar y deslegitimar la nueva acción gubernamental.

A ocho días de iniciado el nuevo gobierno es imposible intentar hacer un balance, pues no se puede evaluar lo que aún no se ha implementado. Pero algunas personas muy poderosas, que creen que Colombia es su finca señorial, “evalúan” los pocos días del mandato de Petro, apoyados en el legado de la deshonrosa y antidemocrática gestión de Duque. Están juzgando, condenando y obstaculizando al nuevo gobierno, a pesar de que, por sus anuncios e intenciones, se proyecta como buen gobierno; con pocos antecedentes, desde la fundación de la República, de gobiernos que trabajen por la Colombia más pobre y excluida.

La democracia, como modelo político, no es una condición suficiente, y quizás ni siquiera necesaria, para que los más débiles puedan sentirse seguros y ser beneficiarios del progreso y desarrollo de la sociedad. Mucho menos ahora que somos menos democráticos después del gobierno más desastroso que ha tenido Colombia ¡Y hemos tenido muchos y muy malos gobernantes! Tenemos un país más débil institucionalmente, con baja, vigilada y perseguida participación, racista, con alta concentración del poder, injusto, excluyente y violento.

Frente a este gobierno, solo por sus anuncios, se ha desatado una resistencia de unos pocos, muy poderosos, contra la única reforma tributaria que intenta equilibrar las cargas impositivas en función de los ingresos y patrimonio, contra la prohibición de la fumigación aérea de cultivos de coca, el fracking y la minería a cielo abierto y contra las reformas a la salud, pensional y del Congreso de la República. Muchos de quienes se resisten a estas políticas representan grandes poderes económicos, practican la corrupción, desinstitucionalizan y cohabitan con el crimen organizado. Quienes han gobernado no solo no adelantaron cambios políticos, sino que cuando por primera vez estos se dirigen a las mayorías nacionales, se oponen a ellos para que todo siga igual. Poco les ha importado que niños y millones de colombianos mueran de hambre, no tengan educación, salud de calidad y trabajo y soporten una sistemática y violenta expropiación y despojo de tierra, que desde el siglo XIX se practica a favor de grandes propietarios del sector agropecuario.

Algunos colombianos solo avalan las reformas que los sigan favoreciendo o no los perjudiquen; y admiten que estas puedan beneficiar a otros solo cuando, por azar o marginalmente, reciben algo que no sea del interés de minorías privilegiadas. Quienes venían gobernando el país no lo reformaban en favor de todos. Cuando la mayoría de ciudadanos reclamaba algo la reacción del Estado y del gobierno era de represión. Ahora que los ciudadanos eligieron un nuevo gobierno, que no está directamente alineado con los intereses de las tradicionales minorías, una parte de estas intenta debilitar y deslegitimar la nueva acción gubernamental.

En este contexto, el senador Char señala que el nuevo gobierno “está haciendo las cosas al revés”. Parece incomodar que el nuevo gobierno no enuncie su política para agrandar la fortuna de pocos, manipulando instituciones, torciendo decisiones oficiales y desviando recursos públicos, como ha sido tradición en Barranquilla.

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