En abril de este año, el INS predecía que, al culminar el aislamiento obligatorio el 11 de mayo, se habrían registrado 1.080 muertes por el virus SARS-COV 2, en vez de las 20.674 que estimaba se hubieran dado sin el aislamiento. Casi cinco meses después de esa predicción, el aislamiento obligatorio aún persiste y ya vamos llegando a las 20.000 muertes que supuestamente se iban a evitar. Es claro que, si bien en ese lapso se fortaleció la capacidad de atención del sector salud y se incrementó el número de UCI de 5.346 a casi 10.000, la utilidad que pudiera tener el aislamiento es cada día menor.

En Cali, por ejemplo, aunque no hay estadísticas confiables sobre el tema, es evidente que buena parte de la ciudadanía, en cientos de miles, ignora las normas de aislamiento desde hace tiempo. Prácticamente todo el sector informal de la economía, así como la parte del sector formal autorizada a adelantar sus actividades, se encuentra en la calle. Con o sin medidas de seguridad, pero en la calle. Y, sin embargo, la tasa de contagio y, particularmente, la de mortalidad han caído sensiblemente en la ciudad en las últimas semanas.

A diferencia de otras capitales, en Cali el alcalde tuvo la inteligencia de comprender que no era factible ni humano seguir manteniendo a la población encerrada, con los costos en salud y económicos que eso implica, y decidió atacar el problema con armas propias del siglo XXI y no exclusivamente con el medieval confinamiento. Al enfrentar el problema con medidas serias y ordenadas, basadas en la detección y el tratamiento tempranos, en muy corto plazo logró los buenos resultados que se están observando. Con ese enfoque, la ocupación de camas hospitalarias y de UCI se ha reducido ostensiblemente y cada vez se aleja más de los niveles críticos. Y la gente, en la calle.

Levantado el aislamiento obligatorio nacional, el Gobierno deberá enfocarse ahora en la recuperación del tejido socioeconómico del país que ha sido tan brutalmente dañado por el largo confinamiento de su población, el mayor de país alguno. Ante millones de nuevos desempleados y cientos de miles de empresas cerradas, las medidas económicas anunciadas hasta ahora no guardan proporción con la magnitud de esos daños. Para que Colombia salga adelante, el Gobierno debe comprometer en su recuperación una suma equivalente a un porcentaje del PIB varias veces superior a los montos hasta ahora anunciados.

¡Y que no vengan con el cuento de que este es un país pobre que no tiene con qué hacerlo! Aunque puede haber mejores fuentes de recursos, hizo bien el presidente de la ANDI en recordarle al país que la república a la que alude el nombre del Banco de la República es Colombia, y no cualquier etérea entelequia ubicada en otro continente u otro planeta.

Es preciso, además, que se racionalice ese feo término ahora tan en boga, “bioseguridad”, que se está usando con tan mística reverencia para justificar las más descabelladas normas. Gracias a él, Colombia cuenta hoy con bares que no sirven licor, aeropuertos sin vuelos, restaurantes sin comensales y, en fin, cuanto capricho cruce por las calenturientas mentes de nuestras autoritarias autoridades. Es preciso detener ese desenfreno y que las normas que se emitan sean lógicas. Para recuperar al país, los colombianos necesitan, además del dinero que el Estado debe inyectarle a la economía, que los dejen trabajar.