Las recientes actuaciones políticas de la Corte Suprema de justicia han despertado nuevamente el debate sobre la urgente necesidad de reformar nuestro injusto e inoperante sistema judicial. Y dentro de ese clamor, ha habido voces proponiendo hacerlo mediante una reforma constitucional llevada a cabo por una asamblea constituyente. Es conveniente analizar esa opción con algún cuidado.
Indudablemente, tanto nuestra Constitución como el sistema judicial bien merecen modificaciones de fondo. De la primera, hay poco que haya escapado al yerro y no pueda ser calificado como un desastre. Hija de una espuria Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria nació de una papeleta cuya inclusión en la votación de 1990 ni siquiera fue avalada por el Concejo Electoral de ese entonces.
Como es historia, esa Constituyente avanzó a los bandazos. No tuvo plan de acción, ni claridad sobre las modificaciones que debían llevarse a cabo, ni un liderazgo capaz de resolver la violencia y la corrupción que asolaban—y hoy asolan—al país.
Con una longitud superada sólo por la de la India, que más que un país es un continente, nadie puede acusar a nuestra farragosa Constitución de haber sido exitosa. Las 53 reformas que ha sufrido en sus 29 años de existencia demuestran palmariamente su escaso valor para atender las necesidades nacionales reales. Y si una asamblea constituyente produjo algo tan malo, no es lógico volver a utilizar ese mismo mecanismo para buscar mejorarla. Aunque no pareciera posible empeorarla, lo más probable es que una nueva constituyente lo logre.
Claramente, no luce sano correr los riesgos que implica la existencia de una asamblea constituyente para buscar una reforma de la justicia que no se ha logrado en 19 intentos en los últimos 18 años. Fracaso más probable aún en este caso porque la creación de dicha asamblea conduciría a un inevitable choque de trenes, dado que, como es sabido, Colombia ya cuenta con una Corte Constituyente dedicada a modificar la Constitución a través de sus fallos y modulaciones de sentencias.
Esa Corte, que ya ha negado una reforma constitucional tramitada con todos los requisitos legales porque no se ajustaba a lo que ella, en su infinita sabiduría, considera el espíritu de la Constitución, probablemente tendría alguna renuencia a compartir su ilimitado poder. No es presumible que quienes se arrogan el don de leer y aplicar lo que no está escrito quieran tener competidores en ese oficio.
Entendido lo anterior y siendo claro que no es aconsejable pretender reformar nuestro maltrecho sistema judicial a través de una asamblea constituyente, pareciera que para lograr este fin tan necesario solo resta apelar a un método inconstitucional: No queda más que, violando la Constitución, les roguemos al Sagrado Corazón y a la Virgen de Chiquinquirá que, en un acto de misericordia con Colombia, le den un sistema judicial poblado por magistrados probos, que fallen en Derecho. Y que sí solos no pueden hacerlo, le pidan ayuda a la Santísima Trinidad, a ver si entre todos nos hacen el milagrito.
