La economía tiene que estar al servicio de todos y no de unos pocos”. Así lo dijo el presidente Santos en un discurso aquí en Barranquilla en 2015. Esto recoge un principio de la Constitución: la libre competencia económica es un derecho de todos y es la columna vertebral de la economía de mercado.

Los beneficios de la libre competencia son amenazados por los carteles empresariales, que conllevan a la apropiación indebida de rentas por parte de unos pocos. Los carteles son, según la OECD, “la conducta más escandalosa en la que puede incurrir un empresario”.

La delación es la herramienta principal en la lucha contra los carteles, y es el mecanismo a través del cual un empresario, que forma parte del cartel, es exonerado total o parcialmente de la sanción, a cambio de informar a la autoridad la existencia y su participación, así como de entregar las pruebas respectivas.

La existencia de la delación se remonta a 1978 en Estados Unidos. Europa lo tiene desde 1996. Hoy, cerca de 70 países cuentan con programas de delación para perseguir carteles.

Esto ha llevado a que por lo menos 3 de 4 casos por cartelización en el mundo cuenten con empresas delatoras. Las sanciones impuestas al cartel de vitaminas en USA y Europa, al cartel de manipulación de la tasa de cambio del dólar en USA, al cartel para manipular la tasa líbor en Europa, al cartel de higiene personal y aseo para el hogar en Francia, que suman más de $5.500 millones de euros en multas, tienen como elemento común la participación de empresas delatoras.

El escenario en el país de los carteles empresariales ha cambiado drásticamente. Hoy contamos con un programa moderno de delación que recoge las mejores prácticas internacionales.

En los próximos meses serán decididos 3 de los más importantes casos en nuestra historia económica, todos con delatores involucrados: presuntos carteles del papel higiénico, pañales y cuadernos. De encontrarse probado el cartel, varias empresas y altos ejecutivos recibirán importantes beneficios económicos, desde la exoneración total hasta la reducción sustancial de las multimillonarias multas.

Si bien puede plantearse un dilema ético en que un cartelista que ha explotado a los consumidores por largo tiempo sea exonerado de la sanción, lo cierto es que el beneficio total para la sociedad por el desmantelamiento del cartel es mucho mayor. Ya lo decía Sergio Moro, fiscal brasilero del caso Odebrecht: “Quien, en general, critica la colaboración negociada, está a favor, aparentemente, del código de silencio de organizaciones criminales, lo que sí es reprochable”.

Próximamente, veremos cómo algunas empresas cartelizadas serán sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, al tiempo que otras serán exoneradas total o parcialmente, por haber colaborado eficazmente con las investigaciones, lo que debe generar por parte de todos un irrestricto apoyo a la autoridad y su programa de delación, porque delatar paga.

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