La inseguridad es noticia en diversas ciudades del país y Barranquilla no ha sido la excepción. Escalofriantes historias sobre atracos, robos, homicidios, tienen a la población llena de temor y con una percepción de inseguridad en aumento. De acuerdo con Barranquilla Cómo Vamos, el año pasado esta pasó del 30% durante la cuarentena al 51% en la reactivación, y el primer semestre de este año al 61%. También, las cifras de criminalidad de la Policía Metropolitana de Barranquilla muestran, en este territorio, un incremento significativo del 10% respecto al mismo período en 2020 con corte a septiembre 22. Este año se han presentado 14.934 eventos de criminalidad frente a 13.630 en el 2020, lo cual permite ver que no es una problemática nueva en la ciudad.
Las causas de esta situación son diversas, complejas y de larga data, entre las que encontramos estructuras criminales de diversa índole y delitos asociados a estas. Así como una problemática social estructural en la ciudad A.M agudizada por la pandemia, que se evidencia en altos niveles de pobreza monetaria: 41,2% (DANE 2021) y en barrios con baja presencia institucional, todo lo cual hace a sus habitantes proclives a las prácticas delictivas y a ser cooptados por las estructuras criminales.
La seguridad no ha seguido el mismo curso del desarrollo exitoso de la infraestructura, atracción de eventos, turismo e inversión en la ciudad, incluso, esta situación sumada a la crisis social puede desacelerar el progreso ganado en estas esferas. Una situación tan crítica como la actual demanda un despliegue total de las capacidades estatales, una revisión de las medidas previamente adoptadas, su priorización en la agenda de ciudad, y un abordaje no solo reactivo, sino también una estrategia integral que aborde la problemática estructuralmente en el marco de un proceso de construcción de seguridad a corto, mediano y largo plazo de la mano de la ciudadanía.
En este orden de ideas, una política criminal es legítima y aumenta su eficacia si opera como un componente de la política integral de inclusión social. A este modelo el jurista y sociólogo Alessandro Baratta le ha llamado seguridad en los derechos, el cual contrasta con el modelo, para él ilegitimo, del derecho a la seguridad, en el marco del cual toda la política de seguridad es política criminal y ésta identifica grupos sociales con alto riesgo de criminalidad (generalmente en condición de pobreza) contra quienes se dirigen las medidas represivas.
El involucramiento de la ciudadanía es central en este enfoque, ya que solo a partir de su participación, empoderamiento y la discusión política de base será posible la co-construcción de la seguridad como un proyecto de ciudad. Así entonces, es indispensable el fortalecimiento del diálogo entre las instituciones y las comunidades porque solo así se logra entender, por un lado, la criminalidad real, más allá de la aparente que surge de las denuncias o las percepciones; y, por otro lado, las necesidades sociales.
Un diagnóstico social extraído de los contextos específicos, construido de la mano con las organizaciones comunitarias, y el flujo de esta información entre, por ejemplo, los firmantes del Gran Pacto Social, ayudará en la pertinencia y eficacia de las estrategias sociales y a multiplicar el impacto. Asimismo, facilitar el flujo de información sobre seguridad y trabajar articuladamente con múltiples organizaciones como el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte permitirá amplificar el alcance del sector público.
Estas son solo algunas reflexiones sobre el tan complejo tema de la (in) seguridad el cual requiere de un abordaje integral en donde la seguridad se entienda como un proceso que se co-construye.
@DCepedaTarud
