No son pocas las berreras con las que han tropezado las fuentes no convencionales de energías renovables para su integración a la matriz energética en Colombia. A lo largo de estos 24 años que han transcurrido desde que se expidió la Ley eléctrica, Colombia ha contado con un sistema eléctrico robusto y confiable, de clase mundial. Según el FEM, su arquitectura lo sitúa en el octavo lugar entre 127 países.

Pero estamos ante el riesgo de la autocomplacencia y tentados a permanecer en esta zona de confort, y de allí la resistencia al cambio, del cambio de paradigma que se nos vino encima de la mano de la transición energética que se está dando en el mundo y de la cual Colombia no se puede sustraer.

Además, estamos ante un riesgo de marca mayor debido a que la entrada en operación de Hidroituango, el 16% de la toda la capacidad instalada del país, tendrá un retraso por lo menos de dos años. Esta crítica situación, que estresará al sistema en los próximos dos años, se constituye en la oportunidad precisa para que las Fncer, que tienen en la Ley 1715 de mayo de 2014 su mayor punto de apoyo y apalancamiento, vengan en auxilio del sistema y evitar así un eventual racionamiento. Tanto más, puesto que los las mismas pueden entrar más rápido en operación.

Con la expedición del Decreto 0570 del 23 de marzo de 2018 se desató el nudo gordiano y se le zafaron las amarras que frenaban los proyectos de generación de energías renovables no convencionales, al posibilitar los contratos de largo plazo y de paso el cierre financiero de los mismos. De hecho, el saliente ministro de Minas y Energía, Germán Arce, antes de irse dejó firmada las resoluciones 40721 y 40795, las cuales dieron vía libre para que en enero próximo se realice la subasta de 3.443 GWH por parte de la UPME.

Ya el Ministerio de Minas y Energía, apoyándose en la Ley 1715, había expedido la Resolución 030 del 26 de febrero, encaminada a facilitar que tanto los hogares como la industria y el comercio puedan generar su propia energía para atender sus necesidades y, lo que es más importante, puedan comercializar sus excedentes. Con esta medida nace un nuevo agente del mercado, el Prosumidor, empoderando al usuario, que deja de ser sujeto pasivo en la cadena. Y de paso contribuye también a la promoción de la llamada “generación distribuida”, la que se consume donde se genera, muy útil particularmente para poder darle cobertura a los más de 400 mil hogares que no cuentan con el servicio de electricidad.

El complemento necesario para la puesta en práctica e implementación de esta norma es la Infraestructura de Medición Avanzada, paro lo cual se expidió la Resolución 40072 del 29 de enero de 2018. Esta tecnología, además de permitir el intercambio de energía con el operador de red mediante medidores bidireccionales, contribuirá a hacer un uso más racional y eficiente del fluido eléctrico por parte del usuario.