Nada más deseable para quienes tenemos raíces en la Región Caribe que poder mostrar a nuestra región como un modelo a seguir, especialmente en el manejo de los recursos públicos. Y esto es válido en momentos como los actuales porque cada minuto que pasa se hace más evidente que la pandemia del COVID-19 está llevando a millones de colombianos a una crisis sin precedentes donde las quiebras, el desempleo y sobre todo el hambre, generan un pánico en los rostros de gente que jamás pensó que vivirían situaciones como estas. Las grandes empresas están en serios apuros financieros, para no hablar de esa mayoría que son muy pequeñas para sobrevivir sin apoyos. Todo esto tiene un impacto final: el trabajo de la gente y sus ingresos para poder vivir. Por ello los recursos públicos hoy más que nunca son sagrados. Es el Estado dada la dimensión de las demandas, el que verdaderamente puede si no resolver este momento tan difícil, sí por lo menos reducir los efectos negativos.
Es en este contexto en que se deben ubicar las serias denuncias que hace María Jimena Duzán en su última columna de Semana. El Atlántico, Barranquilla, el Cesar y la Guajira son señalados como los lugares donde se han encontrado casos de corrupción nada menos que en los supuestos auxilios para los sectores más afectados por la pandemia, y donde se han hecho contratos para realizar actividades absolutamente innecesarias en estos momentos. Contratos cuyo objetivo parece ser más favorecer a personas o empresas que ayudar en estos momentos a enfrentar la crisis actual. Y lo más grave, es que quienes dan información sobre estos casos no se atreven a dar sus nombres "por temor a represalias". Gravísimo, porque claramente señala la existencia de grandes poderes que conducen a lo peor que le puede suceder a la región: el tapen, tapen.
No se trata solo de un mensaje muy negativo que se desprende de este miedo a sectores políticos en cada uno de estos lugares con un control obviamente excesivo, sino también que se extiende a la sociedad como un todo que sin duda es honesta. Se espera por lo menos, que estos ciudadanos ejerzan la sanción social contra quienes comenten estos actos, cuando no está en sus manos aplicar la justicia. El silencio en estas circunstancias puede terminar siendo cómplice de actos absolutamente reprochables, como los que denuncia María Jimena basados con seguridad en muchos más elementos de los que aparecen en su artículo. El país conoce su profesionalismo en el ejercicio del periodismo.
Pero su preocupación va más allá. Obviamente hay otras regiones donde están sucediendo casos de corrupción similares, pero la justicia solo le ha caído hasta el momento a aquellos respaldados políticamente por grupos menos protagonistas. Hasta ahora, anota María Jimena, solo han sido sancionados el gobernador del Chocó, quien fue suspendido de su cargo y el alcalde de Calarcá. No hay peces grandes cuestionados, como los de la región Caribe. ¿Será que la justicia nacional y no solo la local se está guiando por el tapen, tapen?
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