El transporte intermunicipal se abre a partir del 1º. de septiembre, y aunque algunos gobernadores ya empezaron a expresar preocupaciones, es necesario resaltar los peligros que amenazan al campo colombiano. Hasta ahora, la pandemia se ha considerado como un problema urbano y así ha actuado el gobierno. Es verdad que las grandes ciudades han sido las más afectadas hasta el momento por el COVID-19, que el confinamiento ha generado inmensos costos económicos, de salud mental, un terrible incremento en la violencia intrafamiliar, y una mayor carga de cuidado que asumen particularmente las mujeres. 

Pero también es cierto que el papel que ha jugado el sector rural en estos momentos, particularmente la pequeña producción, ha sido de una gran trascendencia por su esfuerzo en mantener una oferta de alimentos necesarios para contribuir a la seguridad alimentaria de la población urbana. Han enfrentado la contaminación de las centrales de abasto de las grandes ciudades, desarrollando canales no convencionales que han unido la oferta del campo con la demanda urbana. Desafortunadamente, poco o nada se ha reconocido sobre la inmensa contribución de esa producción campesina tan abandonada por el Estado y por los gremios de los grandes productores.

Pero con esta apertura, llegó la hora de la verdad para el campo colombiano. Si algún sector no tiene siquiera las condiciones mínimas para atender el COVID-19 de manera masiva es precisamente el sector rural del país, ni los pequeños y medianos municipios, ni mucho menos, la población dispersa. Sin embargo, el anuncio se hizo sin ningún tipo de consideración o medida del gobierno nacional frente a esta carencia que puede traducirse en una verdadera tragedia. Solo los gobernadores, especialmente los del centro del país, son quienes sí están prendiendo alarmas para proteger esos municipios donde la debilidad de la institucionalidad en salud es más crítica.

¿Dónde están los gobernadores de la Región Caribe ahora que es inminente el peligro de contagio de esas poblaciones rurales, de las más pobres, y sin servicios básicos como agua potable y energía? No han dicho una sola palabra, no han hecho ninguna petición al Gobierno Nacional para adelantarse a lo que podría ser una verdadera hecatombe. Es cierto que la población más dispersa que en las grandes ciudades dificulte la tarea, pero si no cuentan ni siquiera con un puesto de salud bien dotado ¿qué pasará si el número de contagiados crece verticalmente y muchos requieren UCIs que no existen en la mayoría de pueblos costeños?

¿Se imaginan que pueden hacer los habitantes de los pueblos palafitos, en la mitad de la Ciénaga Grande, con sus enfermos críticos? O ¿los pueblos de los sures de muchos de los departamentos de la Región que durante periodos del año quedan aislados? La verdad es que si los responsables de estos territorios no ponen ya el grito en el cielo, las consecuencias que se vivirán en todos los Tasajeros que hay en esta parte del país serán imperdonables y pesarán por siempre en sus hojas de vida, para no mencionar sus conciencias.  

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