Esta es la conclusión obvia después de ver lo que sucedió en el Congreso de la República, cuyo resultado fue el hundimiento del proyecto de Ley que eliminaba la casa por cárcel de la propuesta anticorrupción. No hubo el interés real por atacar la corrupción por parte del Gobierno, pero sobre todo no le importó al Congreso de la República, que armó una confusión y finalmente llevó a este resultado lamentable. Lo más diciente sobre el futuro que tiene la posibilidad de que se legisle para frenar esta profunda enfermedad de la política colombiana, es la actitud de los jefes de los partidos. Muy jocosos se han mostrado ante los resultados de la actuación de sus seguidores en este período legislativo.
Por qué no les importa es la pregunta que corresponde. La razón es evidente si se revisa la falta de transparencia histórica de amplios sectores de la clase política y de sus familias. Es decir, lo que les importa es que los miembros de clanes con tradición política, que disfrutan actualmente del beneficio de cumplir sus condenas en sus casas, pierdan esta forma cómoda de responder por sus delitos. Además, si esta norma se convierte en ley, se cerraría la puerta para que los nuevos infractores paguen sus penas plácidamente en sus residencias.
Lo triste es que hasta ahora el gobierno les ha hecho el juego porque el balance de lo que debería haber sido prioritario, es decir el paquete de leyes anticorrupción, ha sido un rotundo fracaso. Claro que la mayor culpa cae en los congresistas, aunque esto no niega que ni el Gobierno ni la ministra del Interior mostraron la diligencia y la habilidad para sacar adelante estas normas. Para qué sirvió el referendo que sacó más de 11 millones de votos, se debería estar preguntando el país. La mala noticia es que estos mandatos de la población no se toman con la suficiente seriedad por los poderes Ejecutivo y Legislativo. La buena nueva es que ahora que se quiere derrotar el Estado de Derecho con el de opinión, esta experiencia demuestra que no es tan fácil.
El presidente Duque desde Berna, donde se encuentra en un difícil periplo por Europa, ha anunciado su compromiso de sacar esta norma adelante. Ojalá no se quede en promesas, porque las barreras que enfrenta todo lo que trata de imponer transparencia en esta sociedad tiene más enemigos que amigos. Esto es una muestra del nivel de tolerancia que la sociedad colombiana tiene frente a la malversación de fondos públicos, y cómo para muchos no es realmente un tema tan grave. ¡Pobre país! De todas formas, esperemos que la fuerte reacción negativa que ha encontrado este hecho al dejar morir la casa por cárcel para funcionarios o exfuncionarios corruptos les sirva de lección a quienes se han opuesto. Menos votos en las elecciones de sus candidatos debería ser el costo que paguen los miembros del Congreso que protagonizaron esta farsa.
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