En Colombia, la Ley 100 ha sido efectiva desde hace casi 30 años, ha recibido críticas a favor y en contra. Cuando se promulgó, sus principios fueron eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación.

La seguridad social es un servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control están a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la Ley. (LEY 100 DE 1993).

A manera didáctica, recordemos los principios de la Ley 100:

Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente

Universalidad. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

Integralidad. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población.

Unidad. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social.

Participación. Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto.

De acuerdo con los principios de la ley resumidos, los actores principales son el pueblo colombiano, el Gobierno y los trabajadores de la salud.

Funciones:

Pueblo colombiano. Exigir lo ofrecido por el Estado para recibir prevención, asistencia y atención permanente y oportuna. Cumplir con los deberes, exigidos por la ley. Organizar los usuarios, en forma independiente y seria, para dar respuesta a sus solicitudes. 

Estado. Regular la financiación del sistema, velar por evitar la corrupción a través de una vigilancia estricta de empresas públicas y privadas, actualmente con serios defectos. Con repercusiones sobre los usuarios, principalmente los de bajos recursos, pero al mismo tiempo, en ciertas circunstancias, favorecidos por un bajo gasto de bolsillo. Esperamos la propuesta del actual gobierno, esté dirigida a reestructurar hospitales, otras instituciones de salud, medios diagnósticos y respuesta a la solicitud de tratamientos. 

Trabajadores de la salud. Gremio que lleva la peor parte en el sistema, debe ser incluido en las propuestas de reforma al sistema. El Gobierno debe apoyar el desarrollo, crecimiento y bienestar de los trabajadores de la salud, incluyendo su formación y estructuración académica, y mejorar las condiciones laborales. Un punto importante es revisar la participación, continuidad, integración y funciones de las EPS, ESE e IPS, de acuerdo con regular el sistema para una actuación que garantice el cumplimiento de los principios referidos anteriormente. Lo que haya que modificar debe hacerse sobre la base de no perjudicar a los usuarios, y por el contrario apoyar en lo posible su atención.

Si se dice que esta es una propuesta de decisión social, deben participar las asociaciones comunales, médicas y sociales, relacionadas con el apoyo en una mejoría en la prevención y asistencia de los usuarios.

Esperemos el texto de la propuesta a la reforma, para hacer los comentarios correspondientes. La reforma se necesita, pero debe ser hecha con un profundo análisis, no necesariamente a las carreras.

@AlvaroAlvillan