En estos momentos a nuestro país lo quieren destruir dos grandes y malignas olas que rápidamente se propagan, en forma concomitantes, en nuestro bello territorio y se ensañan contra nuestro bienestar colectivo y con las vidas de muchos colombianos, creando una enorme incertidumbre económica, social e institucional. Una es la originada por el virus SARS-CoV-2 y la otra es la violencia generalizada producida por las protestas de un sector significativo de nuestra sociedad.

Aunque el Estado, en sus diferentes instancias, tiene la capacidad, la autoridad y la gran responsabilidad de implementar los planes de contingencia necesarios para controlarlas apropiadamente, ambas se podrán mitigar, de manera rápida y efectiva, solo con la voluntad y la decidida participación de la mayoría de los miembros de nuestra sociedad. Pero gran parte de esa sociedad ha optado por un camino y unas acciones contrarias, sin dudas porque sus líderes, influenciados por intereses ideológicos y electorales, los inducen a tener esos comportamientos que contribuyen a crear las condiciones favorables a sus intereses políticos estratégicos.

El derecho a la protesta es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de proteger. Pero ese derecho tiene que ser sin violencia y sin afectar los otros derechos de los colombianos, entre ellos el derecho a la salud y a la vida. No ha ocurrido así con las protestas que se han venido presentando en el país desde el 28 de abril, las cuales han tenido un inaceptable nivel de ilegalidad y de violencia, no solo por la destrucción que ha habido de la infraestructura pública y privada, y por los ataques a la fuerza pública, sino porque también es una muestra evidente de violencia contra la vida realizar esas protestas con aglomeraciones, que impiden la aplicación de las medidas de bioseguridad y consecuentemente aumentan los contagios y los casos fatales. A eso nos enfrentamos si se repiten los patrones que se han dado con este virus. Los líderes de estas protestas tendrán que llevar en su conciencia su insoslayable responsabilidad por esas lamentables consecuencias.

El ejercicio del derecho a la protesta es bueno y necesario en una sociedad civilizada, pero solo si se realiza sin violencia; de lo contrario, el gobierno tiene la obligación constitucional de proteger la vida de los colombianos. No es aceptable que los protagonistas de las protestas se sientan con la libertad de lesionar la integridad de un policía, como está ocurriendo, pero cuando ese policía se defiende ahí si se hagan declaraciones altisonantes sobre una eventual violación de los derechos humanos.

Todos debemos tener la madurez para entender que los derechos son universales y por tanto la integridad y la vida de un policía tienen el mismo valor que la de quien ejerce su derecho a protestar. Para evitar la violencia social y policiva, que es inaceptable en nuestra sociedad, todos debemos poner nuestro grano de arena. La diversidad de ideas e ideologías nunca pueden ser consideradas causas para la violencia social.

No podemos ser tolerantes con la violencia y el vandalismo. Defendamos la protesta pacífica. Con el diálogo amplio y transparente se logran soluciones efectivas a las diferencias más profundas que puedan existir.