El próximo 11 de agosto se realizará la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para revisar y evaluar las justificaciones del decreto 1085 del 2 de julio 2023, mediante el cual el gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Varias voces expertas del país han cuestionado este decreto, pues consideran que existen otros mecanismos para atender las múltiples necesidades de este territorio. Existen altas expectativas con esta audiencia.

Es cierto que el fondo del decreto de emergencia emitido para tomar decisiones en La Guajira toca temas que impactan en forma constante la vida de la mayoría de sus habitantes; sin embargo, la forma en la que el gobierno nacional quiere hacerlo debe preocuparnos por las sombras que esta manera de gobernar genera en el corto, medio y largo plazo.

Cinco hechos que crea el mencionado decreto de emergencia, que no podemos subestimar son:

1. No se fundamenta en una legítima situación excepcional y sorpresiva que amerite la declaratoria de un estado de emergencia. Si bien alude a la posibilidad de que se produzca el fenómeno de El Niño, esté ocurre cíclicamente; es decir, no es excepcional. La realidad de La Guajira es preexistente, producto de décadas de abandono estatal y del mal manejo de los recursos públicos.

2. Es utilizado para eludir y regular temas relacionados con el proyecto de la reforma a la salud que ha tenido tropiezos en su trámite en el Congreso. La Guajira podría ser un desafortunado conejillo de indias de un nuevo sistema de salud que tiene muchos cuestionamientos.

3. Los decretos posteriores emitidos en el marco de la mencionada emergencia, no son de carácter temporal; es decir, no se les definió su vigencia. Esto es incoherente cuando hay un estado excepcional, en el que las medidas deben ser temporales mientras se supera la situación extraordinaria que lo generó.

4. Se regulan temas que nada tienen que ver con el fenómeno de El Niño, que se cita como fundamento de la emergencia, tal como se puede observar en los decretos adicionales que se expidieron, como la regulación del espectro radioeléctrico, la creación de la universidad wayuu, o la imposición de restricciones a las actividades mineras, entre otros.

5. Se suspende la aplicación de la Ley de Garantías en La Guajira, que es una figura establecida para proteger la democracia. Este hecho atenta contra los intereses generales y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad con que debe actuar la función pública en general y en especial en la contratación pública.

Es especialmente preocupante que esta suspensión se de ad-portas de las elecciones regionales del 29 de octubre, lo que seguramente tendrá incidencia directa en los resultados de los comicios.