La justificación de cualquier debate público es que las cosas cambien, como en la famosa metáfora filosófica de Heráclito de Éfeso, pero ojalá para bien. Creemos que eso ha sucedido en la disputa de los lotes de uso público de Puerto Colombia, cedidos gratuitamente a través de resoluciones engañosas.
El debate comenzó con el lote de 5.082 metros cuadrados situado entre Tecnoglass y el polideportivo de la empresa. La presión mediática, jurídica y administrativa tuvo el efecto de que el beneficiario del predio, Francisco Javier Pizarro Guerra, tuviera la sensatez de solicitar la revocatoria directa. Se conjugaron varios hechos: los informes y las columnas de prensa, una demanda promovida por Tecnoglass que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Barranquilla y una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro ordenando el bloqueo de la matrícula inmobiliaria. La Alcaldía de Puerto Colombia, mediante la Resolución 0450 del 14 de septiembre, invalidó la cesión gratuita.
En octubre, la Superintendencia de Notariado y Registro pidió sentencia anticipada por considerar que, tras la corrección registral, existe carencia actual de objeto. El municipio porteño, en cambio, ha planteado la necesidad de una decisión judicial de fondo que declare la nulidad y esclarezca los efectos jurídicos del caso. No son posturas idénticas, aunque ambas evidencian que el conflicto ha cambiado de escenario: de una transferencia cuestionada a la posibilidad de consolidar la protección de un bien público.
¿Puede la justicia pronunciarse sin alargar el litigio? La sentencia anticipada es una herramienta prevista en la ley, pero su procedencia y alcance corresponden exclusivamente al juez. Lo deseable no es una decisión apresurada, sino una respuesta pronta, motivada y capaz de cerrar las incertidumbres que aún subsistan.
Yo creo que merece reiterarse el encuentro de voluntades que ha habido en defensa del patrimonio público. Esto indica que esa protección no tiene que descansar solo en las instituciones estatales. La participación del sector privado y la vigilancia ciudadana y de los medios de comunicación es también muy importante.
Recuperar un lote no consiste únicamente en corregir un folio de matrícula inmobiliaria. Significa asegurar que aquello que nació para uso público regrese, en la práctica, a esa finalidad. Si este proceso logra una solución judicial eficaz y una protección material, Puerto Colombia habrá ganado algo más que un terreno. Se habrá demostrado que el interés colectivo puede prevalecer cuando las instituciones actúan y la sociedad civil interviene con firmeza.
@HoracioBrieva
