Cada año, con la llegada de marzo y el vencimiento de los principales descuentos por pronto pago del impuesto predial, reaparece una inquietud común: el aumento en el valor a pagar y, especialmente, las variaciones significativas en los avalúos catastrales.
Lo primero que conviene entender es que estos incrementos no son arbitrarios. La autoridad catastral actúa bajo un mandato legal que le exige adelantar procesos periódicos de actualización para reflejar, mediante metodologías técnicas, la realidad del mercado inmobiliario. Estas actualizaciones se soportan en modelos de valoración masiva que, aunque son los instrumentos legalmente autorizados, no son perfectos ni están exentos de errores.
Aquí hay una distinción clave que suele perderse en el debate público: el avalúo catastral no tiene un límite de crecimiento entre un año y otro, pero el impuesto predial sí. En Barranquilla, el incremento del impuesto no puede superar el 100% frente a lo pagado el año anterior. En términos simples, si un contribuyente pagó un millón de pesos, no podrá pagar más de dos millones en el siguiente año, aun cuando el avalúo haya tenido un aumento significativo.
Entendido esto, la discusión no debería quedarse en la inconformidad. El ordenamiento jurídico otorga herramientas concretas para actuar, entre ellas la posibilidad de solicitar la revisión del avalúo catastral —conocida como mutación de cuarta— cuando el valor asignado no refleje la realidad del inmueble.
Pero este no es un trámite que prospere con percepciones. Requiere sustento técnico: estudios de mercado que evidencien el comportamiento de inmuebles comparables, referencias de transacciones reales o avalúos profesionales que determinen con rigor el valor comercial. Solo con evidencia sólida es posible que la autoridad evalúe y, eventualmente, ajuste el avalúo.
Hay además un mensaje que no puede perderse de vista: el impuesto predial es una fuente esencial de financiación del desarrollo urbano. De su recaudo dependen obras, servicios y buena parte de la infraestructura que sostiene la vida en la ciudad. Por eso, pagar oportunamente sigue siendo fundamental.
Sin embargo, pagar no excluye actuar. Postergar la decisión de solicitar una revisión, pese a contar con argumentos, solo perpetúa el inconformismo año tras año. Por el contrario, una ciudadanía informada y activa no solo protege su patrimonio, sino que contribuye a mejorar la calidad del sistema catastral.
* Directora Ejecutiva Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla


