En medio de la emergencia económica, el Gobierno expidió un decreto que genera preocupación en el sector educativo. La medida crea un impuesto que impactará directamente a las universidades privadas del país, con el fin de recaudar recursos para enfrentar la situación fiscal. Pero cuando uno mira con detenimiento lo que esto puede significar para la educación superior, la pregunta aparece sola: ¿de verdad la solución era gravar la educación?
Las universidades privadas en Colombia cumplen un papel fundamental dentro del sistema educativo. No solo forman profesionales; también sostienen buena parte de la investigación académica, desarrollan proyectos científicos, financian becas y amplían la oferta de educación superior en un país donde la demanda supera la capacidad institucional.
Por eso, cuando se grava este sector, las consecuencias son previsibles. Lo más probable es que aumenten el valor de las matrículas, que disminuyan los recursos destinados a investigación y que se reduzcan las becas y apoyos estudiantiles. Al final, la carga termina trasladándose a las familias y a los estudiantes.
En Colombia las universidades públicas, a pesar de su enorme valor y prestigio, no cuentan con los cupos suficientes para absorber toda la demanda educativa del país. Durante años se ha discutido precisamente la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior. En ese contexto, las universidades privadas han sido una alternativa indispensable para miles de jóvenes que buscan formarse y construir un futuro distinto.
Gravar a estas instituciones, entonces, termina produciendo un efecto paradójico: en lugar de ampliar las oportunidades educativas, puede terminar restringiéndolas aún más. Intentar obtener recursos a partir del sector educativo resulta profundamente contradictorio, sobre todo cuando el discurso político insiste en que la educación es la base del desarrollo y la movilidad social.
No se puede promover la educación mientras se toman decisiones que la encarecen. Además, el contexto económico del país tampoco ayuda, muchas familias atraviesan momentos difíciles y hacen enormes esfuerzos para pagar matrículas, materiales, transporte y manutención. Si estudiar se vuelve aún más costoso, el acceso a la educación superior terminará siendo un privilegio cada vez más limitado.
Mientras tanto, debemos pensar que si algo debería estar fuera de cualquier contradicción política es que la educación no puede convertirse en una víctima más del pésimo manejo fiscal en nuestro país. Un país que dificulta el acceso a la educación termina hipotecando su propio futuro.
@CancinoAbog
