La prestación del servicio eléctrico en la región Caribe no puede seguir tratándose como un problema técnico más dentro del modelo nacional. Durante años se han ensayado cambios de operadores, ajustes regulatorios y transformaciones institucionales, pero las fallas estructurales persisten. Esto obliga a preguntarse: ¿es adecuado aplicar el modelo tradicional en un territorio con condiciones tan distintas?
Aunque este modelo ha sido sostenible en otras regiones, en el Caribe los resultados han sido diferentes. Un estudio de Fundesarrollo muestra que las discrepancias no están tanto en la oferta —economías de escala, extensión de red o niveles de consumo—, donde las brechas con el resto del país son mínimas, sino en la demanda: factores socioeconómicos que hacen a este mercado particular.
La región Caribe concentra cerca del 27% del consumo nacional, con predominio del mercado regulado y un crecimiento de la demanda por encima del promedio nacional, impulsada por sectores industriales intensivos en energía. Al mismo tiempo, enfrenta informalidad laboral cercana al 74%, altos índices de pobreza, pobreza energética y enormes brechas internas. Estas particularidades afectan la sostenibilidad del negocio eléctrico: riesgo de cartera, viabilidad de inversión y capacidad de operación. Insistir en soluciones homogéneas no solo es ineficiente, sino injusto.
Frente a este panorama, se propone un nuevo esquema empresarial para Caribe Sol, basado en concesiones departamentales y municipales previstas en las Leyes 142 y 143 de 1994. La idea central es que el tamaño máximo de operación sea departamental. Las economías de escala no justifican empresas más grandes, las redes históricamente se han desarrollado con lógica territorial y múltiples operadores reducen el riesgo de un colapso regional.
El estudio identifica tres mercados que requieren soluciones diferenciadas: barrios sin normalizar, zonas de alta dispersión y el mercado tradicional. Para los barrios subnormales se plantea una concesión municipal con participación de alcaldías, comunidades y mipymes locales, con cuentas separadas y periodos de transición antes de normalizar tarifas. Para las zonas dispersas, mini-redes complementarias al Sistema Interconectado Nacional, con subsidios y participación comunitaria. Para el mercado tradicional, operadores departamentales con gobierno corporativo moderno, separación contable y reconocimiento de riesgos.
En suma, el Caribe necesita un modelo territorial y diferenciado. La sostenibilidad del servicio eléctrico no se logrará haciendo más de lo mismo, sino comprendiendo que la realidad social es parte esencial de la infraestructura.
Directora Ejecutiva Fundesarrollo
@orianaalvarez_
