Cada día que pasa la Fundación Universitaria San José le debe más explicaciones al país y se le está haciendo tarde para darlas. El lamentable caso de Juliana Guerrero, quien les habría pagado $8 millones —según facturas de la Dian— para acceder a dos títulos académicos sin cumplir requisitos legales, es apenas la punta del iceberg de un escándalo que parece no tener techo y que, de acuerdo con denuncias de congresistas, compromete a este gobierno.

Los hechos son tozudos. Por un lado la representante Catherine Juvinao documentó que al menos 24 funcionarios y contratistas vinculados al Ejecutivo se graduaron de técnicos, tecnólogos y profesionales sin haber hecho el examen Saber Pro o lo presentaron semanas y hasta meses después de haber recibido el título. Y por el otro, la también congresista Jennifer Pedraza señaló otras 779 irregularidades académicas en la Fundación San José, lo que revela un patrón sistemático de graduar personas sin completar los requisitos de ley ni asistir a las clases, buena parte de los cuales acabó trabajando con la administración pública.

Estas graves denuncias sobre la existencia de un supuesto cartel de expedición de diplomas irregulares, que han dejado al descubierto inconsistencias documentales, cronologías de pago atípicas y la imposibilidad de acreditar procesos académicos ordinarios no responden a debates ideológicos ni a una confrontación social, como Petro lo ha intentado encasillar.

Tampoco cabe justificar el proceder de la institución de educación superior como si fueran simples fallas administrativas o vacíos de supervisión aislados. Lo que el país advierte es un esquema estructural que hizo trizas la cadena de verificación académica o el sistema de credenciales que sostiene el mérito como un criterio determinante para acceder al Estado.

En consecuencia resulta indispensable alertar sobre la responsabilidad de la institución que expide los diplomas y, de forma inseparable, de las entidades públicas que contratan sin verificar con rigor la validez de los títulos. Si los controles de talento humano se reducen a trámites de conveniencia clientelar o lealtades políticas, el riesgo no es solo ético, también fiscal porque personas que no cumplían los requisitos de ley habrían accedido a cargos y contratos con el Estado y estarían siendo pagados con recursos públicos, que son de todos.

Victimizarse no salvará a nadie, tampoco a la Fundación San José, de semejante descrédito. Aquí no está en juego el origen social de nadie, sino el respeto por el esfuerzo de millones de estudiantes, tanto de instituciones públicas como privadas, que sí han demostrado estar dispuestos a cumplir reglas. Pisotear o saltarse las normas por cercanía con el poder político envía un mensaje lapidario a quienes sustentan un futuro posible en la cultura del esfuerzo.

Guerrero y compañía le han escupido la cara a la clase trabajadora del país. Conseguir un diploma universitario ya no es el resultado de un arduo proceso, sino el colofón del atajo usado por el más ‘vivo’ del salón. Lo perverso de esa ecuación es que si la educación pierde su función certificadora confiable se resiente todo el edificio institucional: mérito, esfuerzo y transparencia. Lo sucedido dinamita el principio básico de cualquier sistema universitario cuando el grado certifica las competencias adquiridas mediante estudios verificables. De modo que si el diploma se vuelve un documento vacío, sus efectos en la administración pública serán lesivos, a tal punto de que el respeto por ese sector se erosionaría al máximo.

Asumimos que el Ministerio de Educación, que —hasta ahora— luce como un convidado de piedra, sabrá cómo actuar. Primero porque cada título irregular validado socava la confianza en el sistema de educación superior y, además, cuando la irregularidad académica se cruza con transacciones económicas, y aquí habrían existido pagos, el problema deja de ser solo educativo y entra en la órbita de posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales.

El caso está lejos de cerrarse. Las nuevas denuncias exigen celeridad en las investigaciones. La respuesta del Gobierno, en particular del ministerio, no puede ser defensiva ni dilatoria. Se demanda total trazabilidad de los expedientes, auditorías externas, verificación cruzada con las bases oficiales de funcionarios públicos y una decidida actuación de entes de control. Ya no se trata únicamente de la reputación de una universidad, sino de la credibilidad del sistema. Y sin ella la meritocracia es una mera ficción. La única salida es la verdad completa.