“Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro”. Este refrán popular ilustra el alcance del artículo publicado esta semana por la reconocida revista científica The BME, antes British Medical Journal, sobre la crisis de extrema gravedad del sistema de salud colombiano. La publicación, como lo hemos hecho desde hace tiempo los medios de comunicación del país, puso el dedo en una llaga, cada día peor.

Como la realidad es una sola, la conclusión es la misma: cuando la ideología se impone sobre la capacidad técnica, el sistema de salud enferma. Para decirlo con claridad, el informe ratifica lo que Petro y sus intratables ministros de Salud han desconocido deliberadamente desde su primer día. Incluso con sus fallas, la salud en Colombia era considerada un ejemplo a seguir en Latinoamérica por su desempeño relativo frente al gasto per cápita, cobertura cercana al 99 % y calidad en atención médica, según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Hoy es un caso de estudio pero para que otros eviten caer en sus errores.

Este modelo roto es consecuencia de decisiones políticas, tan intencionadas como radicales, que alteraron el flujo de recursos, subestimaron la UPC, desarticularon engranajes claves del sistema, trasladaron riesgos sin red de contención operativa y dispararon las deudas entre aseguradores y prestadores, haciendo inviables servicios y, aún peor, empujando a los hogares a la pobreza por el incremento en el gasto de bolsillo en salud. Nadie puede ni debe olvidar, entonces, que la actual crisis no surgió de la nada.

Como las mismas asociaciones de pacientes han denunciado, “Petro usó la salud como arma política”, pero no ha tenido una política de salud efectiva que priorice o resuelva las necesidades de los usuarios. Su confrontación con los actores del sistema, en particular su estigmatización de los privados o la inamovible indolencia del ministro Jaramillo ante el clamor de la gente, como se ha demostrado, no solucionan las demoras en atención, cierres de servicios, el desabastecimiento de medicamentos esenciales o las urgencias colapsadas.

Convertir la salud de las personas en un campo de batalla ideológico ha derivado en un drama social que está costando vidas. A sabiendas de lo que hacía, el Gobierno usó el sistema como mecanismo de presión política para imponer una reforma, hecha a su imagen y semejanza que no construyó con consensos técnicos, institucionales ni sociales. Desde el primer momento, su estrategia no fue corregir las falencias del modelo, sino deslegitimarlo.

Por eso instaló la narrativa de que todo estaba podrido, que las EPS eran por definición enemigas del derecho a la salud y que cualquier voz crítica defendía intereses oscuros. Ese discurso polarizante no abrió deliberaciones serias, más bien cerró puertas. De modo que la reforma no se tramitó como una política pública compleja, sino como una cruzada moral.

Luego de sus predecibles naufragios en el Congreso, el Ejecutivo optó por nuevas medidas de presión: más intervenciones, decretos, retrasos en decisiones clave e incertidumbre, como lo dijo la Contraloría General. En una nueva advertencia reiteró que el deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria que persiste desde 2023 se ha agravado.

A pesar del aumento del giro directo de la Adres, la deuda con los hospitales públicos sigue creciendo. El ente de control habla de asfixia financiera sobre la red que sostiene la atención en más de 600 municipios por pagos parciales, tardíos o inexistentes, así como de medidas insuficientes e ineficaces de la Supersalud. El asunto es alarmante porque luego de las intervenciones a EPS, hoy casi el 60 % de los fondos de salud los gestiona el mismo Estado.

El futuro es incierto. Sobre todo porque el ministro Jaramillo opta por descalificar, culpar a terceros o minimizar alertas, en vez de presentar un plan creíble para restablecer liquidez, normalizar pagos, recalibrar la UPC y garantizar abastecimiento. Es claro que lo suyo es la retórica incendiaria, no una gestión sanitaria basada en coordinación institucional y criterios técnicos, independientes del vaivén político. Con Petro le han exigido a la revista rectificar.

Sin embargo, más allá de que un artículo elogie su modelo de salud, la realidad es evidente. Colombia paga hoy el costo de haber subordinado la gestión sanitaria a la lógica de lucha política. La salud es un derecho fundamental de la gente que requiere gobernanza técnica, estabilidad y responsabilidad, no trincheras ideológicas que acaban con todo. Al oído del próximo gobierno, asegurar la sostenibilidad institucional del sistema debe ser su prioridad.