La liquidación anticipada de la concesión Autopistas del Caribe, ocasionada por la suspensión del cobro de los peajes de Turbaco y Sabanagrande y la imposibilidad de operar la estación de Arroyo de Piedra, nos obliga a fortalecer la gobernanza regional en torno al modelo de concesiones viales, mediante un liderazgo más articulado y proactivo, que permita gestionar las inconformidades sociales, sin desconocer los contratos suscritos ni comprometer esa fuente de financiación insustituible para la construcción, operación y mantenimiento de las vías.
Lo planteo porque, a diferencia nuestra, en Antioquia y en la Vía al Llano, situaciones similares se abordaron con mecanismos jurídicos e institucionales, y el apoyo y acompañamiento permanente y decidido de entidades de orden regional para revisar los contratos y analizar alternativas frente a las demandas de las comunidades, pero preservando su equilibrio económico, la continuidad de los proyectos, y la estabilidad contractual. Y cuando no fue posible resolver las desfinanciaciones generadas por modificaciones tarifarias, se acudió a decisiones judiciales que posibilitaron trasladar a la Nación los impactos financieros correspondientes, garantizando la operación de las vías y la permanencia de la infraestructura de peajes establecida.
Aquí, en cambio no activamos ningún proceso en ese sentido y ahora nos quedamos con una carretera que puede convertirse pronto en una trocha intransitable debido a que INVÍAS no tiene recursos para construir la doble calzada, operarla y mantenerla. Esa lamentable experiencia pone en evidencia la necesidad de contar en la Región Caribe con una institucionalidad más activa en el análisis integral del modelo concesionado, de las condiciones contractuales vigentes y de los recursos legales que faciliten gestionar las inconformidades sociales, sin desconocer los contratos suscritos ni comprometer la fuente de financiación que representan los recaudos de peajes para la construcción, operación y mantenimiento de las vías.
En otras palabras, la muerte de Autopistas del Caribe exige hacer una revisión técnica y jurídica detallada para identificar las decisiones adoptadas, las responsabilidades involucradas y las lecciones aprendidas con el fin de contar con gobernanza regional fuerte, articulada y técnicamente informada, mejorar la coordinación interinstitucional y evitar la repetición de escenarios que puedan comprometer la seguridad jurídica, la financiación y la sostenibilidad de la infraestructura vial que requerimos para nuestro desarrollo. Solo así podremos superar la resistencia social a los peajes y explorar la estructuración de esquemas jurídicos que permitan la concurrencia de recursos públicos, como las regalías, y la configuración de modelos híbridos que contribuyan a reducir la presión sobre las tarifas por usar la vía, sin sacrificar la sostenibilidad financiera ni la calidad de las infraestructuras.
Director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura
@hcarbonel
