Colombia empezó el 2026 con la declaratoria de emergencia económica firmada por el presidente Gustavo Petro. La medida logró algo que al mandatario le ha resultado difícil: unir a distintos sectores. Sin embargo, no fue a su favor, sino alrededor de una crítica al alcance y a la justificación de esta decisión. Prueba de ello es que 17 de los 32 gobernadores del país se opusieron públicamente.

El debate ahora está en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si existen razones verdaderamente sobrevinientes para acudir a un estado de excepción, como lo exige la Constitución. El Gobierno ha señalado la falta de liquidez fiscal, el alto endeudamiento, los problemas de seguridad ciudadana y el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias es nueva. Todas eran conocidas, previsibles y, en muchos casos, resultado de decisiones políticas previas. Lo que preocupa es que, una vez más, se repite un modus operandi de este gobierno, presionar al Congreso y, ante la negativa, buscar atajos para gobernar a cualquier costo.

De hecho, el propio Ejecutivo ha señalado al Congreso como corresponsable de la emergencia por no haber aprobado la ley de financiamiento. Ese señalamiento no solo traslada responsabilidades, sino que desconoce el papel legítimo del Legislativo como escenario de deliberación democrática, no como una simple notaría del Gobierno de turno.

Hay además una paradoja difícil de ignorar. El hoy presidente criticó duramente a Iván Duque por el endeudamiento asumido para enfrentar la pandemia, una situación extraordinaria que paralizó al mundo entero. Hoy, en los últimos meses de su mandato Petro predica, pero no aplica.

Y es que una emergencia económica no es un asunto menor. Se trata de una herramienta que permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley, desplazando temporalmente al Congreso. En un Estado social de derecho, esto solo se justifica en situaciones extremas, porque el equilibrio entre las ramas del poder público no es un formalismo, es garantía y un contrapeso para que nadie gobierne sin freno.

El problema de fondo no es jurídico, sino institucional. Las emergencias no pueden convertirse en una forma habitual de gobierno ni en una salida para superar bloqueos políticos. bloqueos legislativos. En tiempos de incertidumbre económica, el país necesita decisiones responsables y respeto por los contrapesos. Ante este panorama, el remedio concentra más poder del que la enfermedad justifica, el riesgo ya no es fiscal, es democrático.

@CancinoAbog