Los ojos del mundo están puestos en Venezuela: por fin cayó el dictador. Una noticia que ha llenado de alegría a millones de venezolanos dentro y fuera del país, víctimas directas e indirectas de las acciones del régimen Chávez-Maduro. Este acontecimiento ha sido analizado desde múltiples perspectivas: desde la profunda preocupación que genera la intervención militar de Estados Unidos en relación con el respeto al derecho internacional, hasta los interrogantes sobre el verdadero plan de transición hacia la democracia en el país vecino, pasando por los intereses económicos de Washington y su intención manifiesta de imponer una versión 2.0 de la Doctrina Monroe.
Desde la óptica del derecho internacional, resulta claro que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es abiertamente contraria a la Carta de las Naciones Unidas, lo que plantea serios cuestionamientos y dilemas. El principal de ellos es que, si el derecho internacional no tuvo la capacidad de prevenir —o siquiera de interrumpir— la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, incluida la democracia, que es también un derecho humano, entonces tampoco puede erigirse como el único argumento para juzgar la salida de Maduro. Este es un debate que debe abordarse más allá de una interpretación formalista del derecho internacional, para reconocer y asumir sus evidentes limitaciones de respuesta.
Otro interrogante que deja este episodio es el siguiente: si el gobierno de Donald J. Trump pasó por encima del derecho internacional en el caso venezolano, bajo el argumento del narcotráfico —y no de la defensa de la democracia—, ¿qué le impediría hacerlo en otros países de la región? Este no es un asunto menor. La soberanía de los Estados es el pilar del orden global, aunque hoy ese orden aparezca cada vez más desdibujado.
Ahora bien, para Venezuela el tema central debe ser el restablecimiento de la democracia. La transición no puede ser indefinida —como lo ha planteado Trump—, sino que debe responder a un plan con tiempos y objetivos claros, del cual no puede excluirse, como parece estar ocurriendo, a la oposición que durante años ha resistido y que, además, ganó las pasadas elecciones. La esperanza que genera la salida de Maduro entre los venezolanos y la comunidad internacional es natural, pero no debe traducirse en ingenuidad. Si Estados Unidos va a encargarse de “administrar” Venezuela, ello debe tener como fin último la devolución plena de la democracia, y no responder exclusivamente al evidente interés económico. Aunque parece existir cierto consenso entre muchos venezolanos en que el petróleo y su destinación no deberían ser un obstáculo —pues si durante años fue utilizado para sostener al régimen, que ahora se use para desmontarlo—, se espera que todo este proceso conduzca realmente al restablecimiento de la democracia y, por supuesto, de la economía del país.
@tatidangond
