No pensé que el año fuera a empezar tan convulsionado, pero estoy convencido que defender las ideas siempre será lo correcto: la soberanía, la democracia, la paz. No como frases vacías, sino como reglas fundamentales que el mundo se impuso después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que el más fuerte hiciera lo que quisiera con el más débil. Ese acuerdo, imperfecto y frágil, ha sido uno de los mayores logros de los últimos 80 años; lo que ha permitido a nuestra generación vivir la época más pacífica de la humanidad.
Y defenderlas sigue siendo sin duda lo correcto. El problema no es ese. El problema es que la realidad nos obligó a hacernos una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando esas ideas dejan de proteger a la gente? Venezuela encarna ese dilema como pocos países en el mundo. En nombre de la soberanía, “nadie se meta, es asunto interno”, se consolidó un sistema donde la supuesta democracia actúa sin límites. Donde más de 8 millones de venezolanos han salido de su país. Que tiene alrededor de 300 presos políticos según organizaciones de derechos humanos. Y ha dejado miles de muertos en la última década.
Todo esto ocurrió mientras el mundo insistía en la diplomacia. Mesas de diálogo. Comunicados. Elecciones desconocidas. La soberanía terminó convertida en una coartada peligrosa: puedo hacer lo que me dé la gana contra mi gente y nadie puede detenerme. Y cuando todo falla y la democracia desaparece como escudo de legitimidad, porque se robaron abiertamente las elecciones, la pregunta es si la comunidad internacional puede seguir mirando hacia el otro lado. Cuando el punto de quiebre es la ilegitimidad del poder porque ya no existe un mandato legítimo de su gente.
Ahí aparece el debate sobre la fuerza. No como solución ideal, sino como último recurso. Porque todo lo demás fracasó. La discusión ya no es si la fuerza es incómoda, lo es, sino si la inacción de la comunidad internacional es aceptable cuando 24 millones de personas quedan atrapadas en el sufrimiento permanente.
Y no es que sea ingenuo. Es claro que cuando el más fuerte interviene, casi nunca lo mueve solo la ética, y en Venezuela, el petróleo pesa. Los intereses existen. Pero que las motivaciones sean discutibles no borra el hecho central: sigue siendo un régimen autoritario, que su gente no quiere que continúe.
Por eso la responsabilidad ahora recae en Estados Unidos. Si decidió usar la fuerza, que sea para defender esos principios. Usarla solo tiene sentido si es para que 24 millones de venezolanos vivan mejor.
Entre la soberanía y la gente, siempre debe ir primero la gente. No porque las ideas no importen, sino porque existen para cuidarla. Cuando dejan de hacerlo, defenderlas sin salvar a las personas no es neutralidad: es traición a esas ideas.
