En el 2025, como cada año, hemos dado batallas importantes en defensa de las garantías judiciales. Algunas las hemos ganado, otras siguen abiertas, pero todas evidencian algo que no cambia: en Colombia la igualdad de armas en el proceso penal sigue siendo más una aspiración que una realidad. Y mientras eso no se transforme, hablar de un sistema verdaderamente acusatorio es casi un ejercicio de fe.

Son muchas las cosas por las que tendremos que seguir peleando, pero una se ha vuelto especialmente urgente: ponerle freno al uso indiscriminado de las compulsas de copias. Este mecanismo, que en teoría busca investigar posibles irregularidades detectadas durante un proceso, terminó convertido en una herramienta de presión y casi, en un castigo anticipado. Una forma de enviar un mensaje velado a las partes, en especial a la defensa, de que cualquier desacuerdo o simple ejercicio de su rol puede terminar convertido en un nuevo proceso.

El problema no es solo que muchas de esas compulsas carecen de fundamento. El problema es que, aun así, avanzan. Se abren investigaciones por hechos inexistentes, por actuaciones legítimas o simplemente por molestia frente a la estrategia de defensa. Y mientras todo esto ocurre, la administración de justicia se inunda de trámites innecesarios. Es la prueba más clara de que este instrumento no está siendo usado como un mecanismo garantista, sino como una forma de presión.

Esta práctica genera un efecto perverso, puesto que, desalienta a los abogados a litigar con firmeza. ¿Cómo ejercer este rol con total libertad cuando cada intervención puede convertirse en un riesgo personal? ¿Cómo garantizar una defensa técnica si el sistema te castiga por cumplir tu deber? La compulsión de copias se está utilizando, en demasiados casos, como una mordaza simbólica.

Pero este año también demostró que las resistencias no son en vano. Cada discusión ganada, cada pronunciamiento que limita abusos abre una puerta. La transformación del sistema penal no ocurre de un día para otro, pero sí ocurre paso a paso. Y en el 2025, a pesar del desgaste, seguimos avanzando y más determinados que nunca.

La lucha por la igualdad de armas no es una pelea de abogados; es una pelea por la justicia. Porque cuando la defensa es presionada, restringida o intimidada, no se afecta a un abogado solamente, se afecta al ciudadano que necesita que alguien lo represente con libertad y sin miedo.

El camino sigue. Y lo seguiremos recorriendo el 2026, con absoluta dignidad y convicción por las garantías procesales de todos los colombianos.