Durante décadas, los trabajadores del carbón han sido el verdadero pilar económico del Cesar y La Guajira. Su trabajo sostuvo regalías, infraestructura, empleo formal y estabilidad social en regiones históricamente marginadas. Por eso resulta necesario, y legítimo, defender sus derechos. Lo que no resulta legítimo es utilizar la figura de la “transición justa” para justificar exigencias que desbordan la ley, el sentido común y la sostenibilidad fiscal del país.

En estos días recibí el reciente pliego sectorial presentado por varios sindicatos del carbón del Cesar y La Guajira, una sorpresa para mí, porque no negocian condiciones laborales. En la práctica, plantea una reconfiguración completa del modelo sindical, con demandas que no tienen soporte en el ordenamiento jurídico colombiano. Por ejemplo, piden Indemnizaciones de hasta cinco y seis años de salario, educación universitaria y posgrados ilimitados para trabajadores y sus familias, condonación total de deudas privadas y cotizaciones indefinidas a seguridad social una vez terminado el vínculo laboral. No son derechos adquiridos ni estándares internacionales; son peticiones extorsivas que, de implementarse, harían inviable cualquier operación minera.

Más grave aún es la pretensión de exigir la entrega del 50 % de las tierras mineras tras el cierre de operaciones, completamente dotadas de servicios públicos, vías, riego y vivienda, (óigame bien, vivienda) desconoce la naturaleza jurídica del suelo, el subsuelo, los pasivos ambientales y la responsabilidad fiscal asociada al cierre de minas. Las tierras mineras no son un botín negociable en una convención colectiva, ni pueden ser redistribuidas por presión sindical sin vulnerar el marco constitucional.

El punto más delicado del pliego, sin embargo, es la creación de un fondo de diversificación económica financiado con aportes obligatorios por tonelada de carbón producido, utilidades de contratistas y recursos públicos, pero adivinen, administrado directamente por sindicatos, empresas y Estado. Aquí se cruza una línea peligrosa. Los sindicatos existen para representar a los trabajadores, no para administrar rentas, ni decidir inversiones productivas o manejar recursos públicos y privados sin controles estrictos. Convertir organizaciones sindicales en gestores de fondos es abrir la puerta a conflictos de interés, politización de recursos y captura institucional, una historia que en Colombia ya conocemos demasiado bien.

Ahora sí se entiende por qué los sindicatos del carbón siguen apoyando a un Gobierno que trabaja activamente para acabar con esta industria. El pliego deja claro que ya no están defendiendo la continuidad del empleo ni la viabilidad del sector, sino negociando su liquidación. Asumen el cierre como un hecho consumado y concentran sus esfuerzos en asegurar indemnizaciones desbordadas, fondos millonarios, tierras y control de recursos futuros. Esa es la lógica de la alianza: respaldar políticamente a quien desmonta el carbón a cambio de administrar las compensaciones del desmonte. No es una estrategia de defensa laboral, es una rendición negociada que sacrifica el futuro productivo de las regiones por beneficios inmediatos, dejando claro que la transición ya no se discute, simplemente se reparte. Ojalá, los trabajadores sepan que quienes dicen representarlos, están asegurando su futuro personal.

*Director Observatorio de transición energética del Caribe OTEC – Universidad Areandina