Petro prohibió bombardear a los grupos delincuenciales porque en ellos podían encontrarse menores de edad. En críticas que hiciera a otros gobiernos, sostuvo que las muertes de menores en esas operaciones eran “asesinatos” y “crímenes de guerra”. Hace un par de días, sin embargo, en un bombardeo contra Iván Mordisco murieron seis menores.

Los menores de edad que no participan en los conflictos armados están protegidos por las normas del DIH que defienden a los civiles. Pero si los menores de edad toman las armas, no importa si han sido reclutados voluntaria o forzadamente, dejan de ser civiles protegidos y son un blanco legítimo de acuerdo con el DIH.

Representan el mismo riesgo que un adulto armado y su neutralización tiene el mismo valor militar. Que los menores pueden matar es un hecho. Y no solo durante los conflictos armados. Recordemos el sicario adolescente que asesinó a Miguel Uribe.

De manera que el DIH autoriza la ejecución de operaciones militares contra menores si participan en las hostilidades. Por supuesto, las operaciones contra menores de edad que combaten, como contra cualquier objetivo militar en que se encuentren menores de edad, deben realizarse siguiendo los mismos principios que rigen cualquier acción militar de acuerdo con el DIH.

Ahora, es verdad que el DIH establece algunas reglas de protección especial para los menores, ninguna, en todo caso, que prohíba la realización de operaciones militares, bombardeos incluidos, contra los que participen en las hostilidades.

Si el DIH autoriza las operaciones contra menores que participan en las hostilidades, en cambio establece la prohibición de reclutamiento de menores de quince años, edad de protección que aumenta a dieciocho el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, en ambos casos con la intención de protegerlos de los riesgos de la guerra. Reclutar menores de quince años es, ese sí, un crimen de guerra.

La prohibición de Petro de bombardear unidades de los grupos violentos con la excusa de que en ellos pudiera haber menores de edad trajo dos consecuencias.

Por un lado, contribuyó al fortalecimiento de los bandidos porque anuló la capacidad aérea del Estado, una de sus más importantes ventajas en el combate contra los grupos violentos. Por el otro, paradoja, constituyó un incentivo perverso para el reclutamiento de esos menores por parte de los criminales porque con ello aseguraban no ser atacados por el Estado vía aérea. La decisión de Petro solo motivó que los violentos usaran a los menores como escudos humanos.

Además, ¿por qué prohibir los bombardeos y no otras operaciones que suponen los mismos riegos para los menores? En un combate terrestre también pueden producirse su muerte.

En cualquier caso, la prohibición de bombardeos es un absurdo que debilitó a la Fuerza Pública y fortaleció a los violentos y deja abierta la pregunta de cuál fue la verdadera intención de Petro al establecerla.

Como sea, Petro decidió recurrir de nuevo a los bombardeos. Van trece, según los medios. Una contradicción con sus posiciones anteriores, sin duda, pero también un avance que debe traducirse en una mejora en la seguridad de todos los colombianos.