En próximos artículos trataré distintos interrogantes aún vigentes sobre la espantosa tragedia del Palacio de Justicia ocurrida hace cuarenta años. Por hoy solo quiero tocar la relación que se ha mencionado entre los asaltantes del M19 y el cartel de Medellín, a propósito de la extradición de nacionales.

El presidente Turbay con su embajador Virgilio Barco, negoció con los EE. UU, un tratado de extradición que permitía el envío al extranjero de nacionales colombianos procesados principalmente por el tráfico de drogas, convertido luego en la ley 27 de 1980, aprobada por el Congreso prácticamente sin discusión. El crujir de dientes comenzó cuando los EE. UU, presentaron las primeras solicitudes de extradición contra los capos.

Belisario Betancur fue elegido en 1982. Alegando razones de soberanía nacional, durante los primeros años de gobierno se negó a cumplir el tratado aun cuando su ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, era partidario de extraditarlos. Solo cuando el cartel de Medellín tomó la torpe y atroz decisión de asesinar al joven y brillante ministro, el presidente se vio obligado a cambiar de posición y en la catedral de Neiva anunció que comenzarían las extradiciones.

Recién asesinado el ministro, como lo dejó consignado después en un libro uno de sus protagonistas, el procurador general Carlos Jiménez Gómez, por encargo del jefe del Estado, se reunió con los capos en el hotel Marriot de Panamá. Ellos allí plantearon la rendición que incluía la entrega de bienes y rutas del narcotráfico y pagar cárcel por sus crímenes como única condición para que no los extraditaran. Una filtración de la noticia en junio de 1984 frustró la negociación y gobierno y procurador negaron la existencia de esas negociaciones. ¿Cuántas muertes nos hubiéramos evitado si hubiéramos sabido que lo que pedían en el 84 se les iba a conceder luego en la Constitución de 1991? Ahí iniciaron su criminal arremetida para tumbar la extradición.

Parte de la estrategia fue la lucha jurídica. La Corte Suprema que ejercía un estricto control constitucional, aplicando una constante doctrina vigente desde 1914, sostuvo la tesis de que las leyes aprobatorias de tratados públicos no eran susceptibles de demanda y por eso se declaró inhibida desafiando las amenazas de muerte que les llegaban a los magistrados y sus familias. Ese fatídico 6 de noviembre de 1985, la Corte Constitucional bajo el liderazgo intelectual de Manuel Gaona Cruz, llevaba a la plenaria una ponencia conservando la extradición, de ahí viene la teoría de que tumbarla era el objetivo principal de la toma, lo que no parece totalmente cierto. Es verdad que miembros del M19, particularmente Iván Marino Ospina, tenían nexos con Escobar. Esa relación se había iniciado cuando el grupo guerrillero secuestró a Martha Nieves Ochoa y los narcos comenzaron a enviar en costales los cadáveres de los guerrilleros de donde emergió una especie de tregua. Por cierto, surgió el MAS, uno de los gérmenes del paramilitarismo.

En la llamada operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, aparte de la petición principal de adelantar un juicio al presidente por el supuesto incumplimiento de los acuerdos de paz, se pedía la derogatoria del tratado de extradición. No era el tema central aun cuando probablemente les dieron dinero a los terroristas. El argumento de que iban a quemar los expedientes no tiene mucha lógica porque de ellos había copia en el ministerio de Justicia y en la cancillería y existían medios más eficaces y menos violentos para desaparecerlos. De hecho, luego se reconstruyeron. El que se quemó y no se reconstruyó fue el que existía contra Miguel Vega Uribe por torturas y que era adelantado por el presidente Reyes Echandía.

Lo que pasó después aún hoy es absolutamente inexplicable. Los magistrados que sucedieron a los inmolados en 1986 se dividieron doce a doce y dejaron la decisión en manos del conjuez Alfonso Suárez de Castro. Esa Corte, probablemente intimidada, tumbó el tratado. Barco, valientemente, lo siguió aplicando por Estado de Sitio. El narcoterrorismo siguió hasta que, en decisión aun no suficientemente explicada, la constituyente con las notables excepciones de, entre otros, Fernando Carrillo, Carlos Lemos, María Mercedes Carranza, Antonio Galán Sarmiento y Juan Carlos Esguerra, accedió a lo que siempre pidieron los narcos: prohibir la extradición.

*Ex-fiscal General de la Nación

@gomezmendeza